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El Gobierno reforzó los reglas para la designación de cargos públicos en todos los organismos del Estado. A través de la Decisión Administrativa 1/2026, publicada en el Boletín Oficial, la medida oficializó el nuevo esquema establecido en el Presupuesto 2026.
En ese marco, la norma reglamenta la Ley 27.798 y alcanza tanto a la Administración Central como a los organismos descentralizados y a las instituciones de la seguridad social.
La decisión argumenta que “resulta necesario establecer la instancia y autoridad competente para disponer la incorporación, homologación, reasignación y derogación de cargos en el Nomenclador de Funciones Ejecutivas del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP)“.
La medida también alcanza a cargos similares correspondientes a los demás Convenios Colectivos de Trabajo Sectorial que rigen al personal que revista en la Administración Pública Nacional.
El Gobierno refuerza las reglas para asignar cargos públicos: qué dice la medida
En detalle, el artículo 2 establece que todos los organismos deberán informar de manera trimestral a la Secretaría de Hacienda la información correspondiente a la “evolución de sus plantas y contrataciones de personal de cualquier naturaleza, modalidad de implementación, cualquiera sea su fuente de financiamiento”.
Si alguna dependencia incorpora cargos o modifica su estructura, deberá justificarlo y presentar un informe de costos y financiamiento antes de recibir aprobación, de acuerdo con lo estipulado por la medida publicada este martes.
Por su parte, toda cobertura de vacantes deberá contar con un certificado que demuestre que el puesto está realmente libre y que cuenta con disponibilidad presupuestaria, lo que limita nuevas incorporaciones sin respaldo presupuestario.
Asimismo, el artículo 4 indicó que cualquier modificación en puestos ejecutivos requerirá la intervención de las secretarías de Transformación del Estado y de Hacienda, con la aprobación final del Presidente. Además, cada pedido debe incluir un análisis de costos y su financiamiento.
Presupuesto 2026: definieron las nuevas pautas de gasto por las que se regirán Milei y sus ministros
A su vez, la medida oficializó las pautas de distribución y ejecución del Presupuesto 2026, que establecen cómo se asignan y administran los recursos del Estado a lo largo del año. Así, organiza cómo se usan los fondos ya aprobados por el Congreso en la Ley de Presupuesto 27.798.
En términos prácticos, la norma define cómo se distribuyen los créditos presupuestarios, quién puede modificarlos, qué controles rigen sobre el personal, cómo se financian las empresas públicas y qué requisitos deben cumplirse para ejecutar obras e inversiones.
Esto incluye cómo será la distribución formal de todos los gastos e ingresos previstos para 2026, tanto corrientes como de capital, junto con las fuentes de financiamiento, aplicaciones financieras y contribuciones figurativas.
Además, se define cuántos cargos y horas de cátedra corresponden a cada jurisdicción del Estado y contempla cambios institucionales recientes. Uno de ellos es la incorporación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) al Ministerio de Salud, con el traspaso de fondos, bienes y personal y la garantía de continuidad de los servicios.
Cómo y cuándo deben devolverse los fondos al Tesoro
La decisión fija un cronograma obligatorio de contribuciones al Tesoro Nacional para los organismos del Sector Público Nacional alcanzados por el presupuesto, que incluyen:
- La Administración Central (Presidencia, Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías).
- Los organismos descentralizados.
- Las instituciones de la seguridad social.
- Otros entes y organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional incluidos en el Presupuesto.
Esos aportes deberán realizarse en cuatro cuotas iguales a lo largo de 2026, con vencimientos en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Además, la norma establece que los remanentes de recursos no utilizados durante 2025 deberán reintegrarse a la Tesorería General de la Nación antes del 30 de octubre de 2026, salvo que exista una ley que autorice otro destino. La prórroga del plazo quedará sujeta a una decisión fundada de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía.
Qué gastos del Estado son flexibles en 2026
La norma establece que una parte de los gastos del 2026 tiene carácter indicativo, lo que significa que no funciona como un tope rígido, sino como una referencia que puede ajustarse dentro de los límites generales autorizados. Este esquema otorga mayor flexibilidad en la ejecución presupuestaria a lo largo del año.
Entre estos se incluyen:
- Bienes de consumo.
- Servicios no personales (con excepción de los gastos reservados).
- Bienes de uso.
- Transferencias.
- Activos financieros.
- Servicio de la deuda y otros pasivos.
- Otros gastos.
También tienen este carácter las asignaciones por programa, obra y distribución geográfica, lo que habilita ajustes durante 2026.
Cómo se controlan las metas, las obras y las inversiones públicas
La decisión administrativa refuerza los controles sobre qué se hace efectivamente con los fondos públicos y no solo sobre cuánto se gasta. Para eso, los organismos del Estado deben informar de manera periódica el avance real de sus programas y proyectos.
En concreto, cada jurisdicción debe presentar:
- La programación anual y trimestral de las metas físicas de sus programas y obras.
- Informes trimestrales de ejecución, en los que se detallen los avances logrados y se expliquen eventuales desvíos respecto de lo previsto.
- Reportes mensuales en aquellos casos que la Oficina Nacional de Presupuesto considere relevantes por el volumen o la importancia del gasto.
Si un organismo incumple de forma reiterada con el envío de esta información, la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía queda habilitada a no dar curso a las órdenes de pago.
Además, la norma establece que no se pueden contratar obras ni realizar compras de bienes de uso, como maquinaria, equipamiento, vehículos o infraestructura, sin una evaluación favorable de la Dirección Nacional de Inversión Pública, lo que condiciona el inicio de nuevos proyectos durante 2026.
Cómo se financian las empresas públicas
La normativa establece que el financiamiento a las empresas públicas no financieras se realizará de forma centralizada, con el objetivo de reforzar el control sobre el uso de los fondos.
Esto significa que toda asistencia con recursos del Tesoro Nacional -transferencias, aportes de capital o préstamos reintegrables- deberá canalizarse por una única vía, la Jurisdicción 91 (Obligaciones a cargo del Tesoro).
Este esquema evita la dispersión de partidas entre distintos ministerios y facilita el seguimiento de los recursos.