Mientras en Bruselas se negocian hasta hoy los aspectos técnicos del acuerdo de integración económica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), el Gobierno diseña una estrategia de acercamiento hacia el sector privado para llevar tranquilidad sobre las reglas de juego que regirán el nuevo área de libre circulación, y que preocupa, sobre todo, en el sector industrial.
Para espantar fantasmas, de un lado y del otro del Atlántico surge la necesidad de tender puentes con tres actores clave de la negociación: el empresariado, que conoce poco de las negociaciones a puertas cerradas; la sociedad civil, ante el consecuente impacto en el empleo que podría ocurrir, y los parlamentarios, que a fin de cuentas serán los encargados de refrendar el acuerdo antes de su entrada en vigencia.
En las próximas semanas, oficiales de la Cancillería y de la Secretaría de Comercio comenzarán a recorrer las oficinas del Congreso y de las asociaciones empresarias para echar un manto de transparencia sobre el acuerdo. "Queremos tener una agenda proactiva para acercar el acuerdo a los stakeholders", graficó un funcionario que tomó parte de las conversaciones en Bruselas.
Del mismo modo que Europa busca refrenar un ingreso indiscriminado de productos agroindustriales con un sistema de cuotas, el Mercosur plantea a su potencial socio una "canasta de gravámenes", con ciertos productos que se desgravan al inicio y otros que gozarán del beneficio en un plazo de diez a quince años. El sector automotriz estaría contemplado en el segundo grupo. Aunque la lista de productos industriales protegidos permanece en reserva, el Gobierno deja entrever que aplicará reglas de origen estrictas para evitar casos de adulteración de los verdaderos mercados de procedencia.
La ronda de negociaciones que se clausura hoy en Bruselas es la última que la Argentina encabeza en la presidencia del Mercosur, que pasará el próximo 21 de julio a Brasil. Será la administración Temer la encargada de anunciar que si en diciembre se alcanza el mentado acuerdo.
