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Este martes, el Gobierno promulgó las leyes de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y la que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica. Lo hizo luego de que el Congreso rechazara los vetos del presidenteJavier Milei.
Así, promulgaron las leyes N° 27.795 y N° 27.796. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. La situación es, en este caso, la misma que se dio con la Ley de Emergencia en Discapacidad hace un mes.
Esta decisión fue oficializada con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
La Ley de Financiamiento Universitario
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada tras la insistencia del Congreso pese al veto presidencial previo, apunta a sostener el presupuesto universitario en todo el país, la actualización de los gastos de funcionamiento y la recomposición de los salarios del personal docente y no docente.
En ese sentido, uno de los puntos centrales de la ley es la actualización automática de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, que deberán ajustarse bimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El decreto detalla que, entre el 1° de mayo y el 31 de diciembre de 2024, la variación del IPC fue del 34,89%, lo que implica un costo adicional estimado de $ 123.358.213.085 para el ejercicio en curso.
Para el 2025, el costo total estimado de la ley ascendería a $ 1.069.644.600.000, mientras que para 2026 se proyecta en $ 2.008.377.852.000.
Ley de Emergencia Pediátrica: qué dice el decreto
Por otro lado, la Ley de Emergencia Pediátrica, con el Hospital Garrahan como emblema, apunta a garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los servicios de salud pediátrica; asegurar el funcionamiento de hospitales públicos de atención infantil; y fortalecer los sistemas de residencias médicas.
Entre los puntos principales, establece la asignación prioritaria de recursos para insumos críticos, infraestructura, medicamentos, vacunas y personal esencial, así como la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud que atiende a la población pediátrica.
Además, prevé la exención del impuesto a las ganancias para quienes realicen actividades críticas, horas extras y guardias en efectores públicos y privados.
El costo fiscal estimado para la implementación de esta legislación asciende a $ 196.270.000.000, una cifra que, según el decreto, supera ampliamente la capacidad presupuestaria actual del Ministerio de Salud, que presenta un déficit de $ 102.400.000.000.
De esta manera, el Ejecutivo advierte que una reasignación de recursos de esa magnitud equivaldría al 30 % del total de subsidios para medicamentos y tecnología sanitaria y al 60 % del presupuesto del programa de prevención de VIH-SIDA.
El Gobierno postergó la aplicación de las leyes
En ambos decretos, el Gobierno enfatiza que el Congreso de la Nación no especificó de manera fehaciente la fuente de financiamiento para las erogaciones que implican ambas leyes, incumpliendo lo dispuesto por la Ley N° 24.156.
Por ello, su ejecución queda suspendida hasta que se incluyan las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
El Congreso rechazó ambos vetos, por lo que el Ejecutivo decidió ahora postergar la aplicación de las legislaciones.
