El Gobierno decidió escalar su estrategia judicial y llevó a la Corte Suprema dos de los conflictos más sensibles de su agenda: el financiamiento universitario y la implementación de la reforma laboral. Con la presentación de un segundo recurso extraordinario en menos de 24 horas, la Casa Rosada busca obtener definiciones rápidas que ordenen un escenario atravesado por cautelares y disputas en múltiples fueros. En el caso del financiamiento universitario, el Ejecutivo solicitó al máximo tribunal que revise la constitucionalidad de la norma y, en paralelo, que mantenga suspendida su ejecución hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. El argumento central apunta a la falta de previsión presupuestaria para su implementación, sobre el vencimiento del plazo que había otorgado el fallo judicial a favor de la Ley para cumplir hoy con su financiamiento. Fuentes vinculadas a la estrategia judicial del Gobierno señalaron que “la vía ordinaria está agotada” y que la norma, en su estado actual, resulta “de imposible aplicación” porque “no prevé la fuente de financiamiento necesaria”. En este sentido, desde la Procuración del Tesoro Nacional, a cargo de Sebastián Amerio, definieron replicar la estrategia de saltar la segunda instancia, tal como ocurriera ayer con la presentación ante el máximo tribunal por la reforma laboral. Según explican, el punto crítico es que la ley fue sancionada sin identificar de dónde saldrían los recursos para cubrir el aumento del gasto. En ese sentido, remarcan que cualquier iniciativa que implique mayores erogaciones debería contemplar explícitamente su financiamiento. En rigor, el mismo argumento al que apelaron al momento de vetar la iniciativa y el que se esgrimió como justificativo del decreto que ponía en pausa su ejecución y que terminó cuestionado ante los tribunales. “La irresponsabilidad es sancionar una ley que sea solo una expresión de deseo y que no contemple realmente de dónde se va a implementar”, indicaron a El Cronista desde el entorno oficial, donde insisten en que el presupuesto vigente no incorporó partidas para respaldar ese gasto. Desde el Gobierno buscan un freno de mano que evite cumplir con el financiamiento de la norma mientras barajan la presentación de un proyecto alternativo. En ese marco, el Gobierno pidió a la Corte que sostenga la suspensión de la norma “por todas las vías pertinentes” hasta que se defina cómo se financiaría su aplicación. En paralelo, el Ejecutivo también elevó a la Corte Suprema un per saltum vinculado a la llamada Ley de Modernización Laboral, en un intento por unificar criterios ante la proliferación de fallos y cautelares en distintos tribunales del país. Según fuentes oficiales, desde fines de febrero el Gobierno enfrenta más de 30 acciones judiciales que buscan frenar o condicionar la implementación de la reforma, distribuidas entre fueros laborales, contencioso-administrativos y federales, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el interior. El punto de quiebre, según la lectura oficial, fue la acción colectiva presentada por la CGT, que derivó en una medida cautelar dictada por el juzgado laboral N°63. La cautelar a la que dio curso el juez Raúl Ojeda puso en suspenso 85 artículos de la ley, dejándola prácticamente en suspenso. En el Gobierno cuestionan tanto la legitimidad de la acción como el accionar del magistrado interviniente. “La CGT no pudo demostrar que representa a todos los trabajadores de la República Argentina”, sostienen, y agregan que el proceso no cumplió con los requisitos formales de publicidad para validar ese carácter colectivo. Además, apuntan contra la actuación judicial posterior. Según describen, el juez avanzó con audiencias y medidas en línea con el planteo sindical, incluso después de que se solicitara su apartamiento. “Se convirtió en una pantomima, en un circo”, señalaron desde el oficialismo. Frente a ese escenario, el Gobierno optó por llevar el caso directamente a la Corte, con el objetivo de obtener una resolución que tenga alcance general y ordene el resto de las causas en trámite. La doble presentación ante el máximo tribunal marca un cambio en la estrategia del Ejecutivo, que busca centralizar en la Corte la resolución de conflictos que considera desordenados en instancias inferiores. En ambos casos, el planteo converge en un mismo eje: garantizar la aplicación de leyes ya sancionadas, pero bajo criterios que el Gobierno considera razonables desde el punto de vista jurídico y fiscal. “Necesitamos una resolución rápida y efectiva”, señalaron fuentes con acceso a la estrategia, al tiempo que destacaron que el objetivo es lograr fallos que sean “vinculantes para el resto de las demandas”. De este modo, el Gobierno cierra la semana con dos frentes judiciales abiertos en la Corte Suprema, en un contexto donde la disputa por la implementación de leyes clave se traslada cada vez más al terreno judicial.