El proyecto de “modernización laboral” que presentó el Gobierno la semana pasada dejó varios grises, uno de ellos: qué sucederá con las cuotas solidarias, la principal caja de los sindicatos. Ante las crecientes interpretaciones, fuentes oficiales confirmaron a El Cronista que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, buscará la limitación de esos fondos para que dejen de ser obligatorios.
“Los aportes obligatorios son obligatorios, pero no, en principio no va a haber modificaciones. Las modificaciones que haya que hacer en materia sindical van a ser parte de una segunda ley; por lo tanto, en principio no habría modificaciones", había aclarado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa días antes de la presentación del texto oficial.
En off the record, otros funcionarios de alto rango insistieron con que ese tema finalmente no se iba a tocar en el proyecto. Incluso, el debate interno entorno a los sindicatos que confrontó a Sturzenegger con el ala “política del Gobierno” -el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem- fue lo que demoró más tiempo que se dé a conocer la versión final.
Ellos alegaban que mejor era no ir tan duros contra los sindicatos porque la prioridad era aprobar la ley, pero finalmente el “coloso” ganó la pulseada. Quien también lo apoyó, en este sentido, fue la exministra Patricia Bullrich, quien dará la pelea en el Senado contra el lobby gremial para sostener estas limitaciones.
La clave está en el artículo 137 del proyecto de ley, que modifica el artículo 38 de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551). El texto vigente establece que “los empleadores estarán obligados a actuar como ´agente de retención´ de los importes que, en concepto de cuotas afiliación u otros aportes deban tributar los trabajadores a las asociaciones sindicales de trabajadores con personería gremial".
La redacción que quiere modificar el Gobierno quedaría de la siguiente manera: “Los empleadores podrán actuar como agentes de retención de los importes que, en concepto de cuotas de afiliación -omite ”otros aportes"- deban abonar los trabajadores afiliados a asociaciones sindicales con personería gremial, siempre que medie la conformidad expresa del trabajador y acuerdo entre las partes“, establece.
A su vez, agrega: “Se deberá contar con resolución de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del ministerio de Capital humano que lo autorice”.
De esta manera, los empleadores ya no tendrán la obligación de ser agentes de retención y, de oponerse, el trabajador deberá ocuparse de aportar al sindicato. A su vez, el empleador se lo podrá descontar directamente del salario solo si el trabajador lo autoriza expresamente.
Lo que generó ruido es que en el borrador de la reforma laboral que circuló sí contemplaba a los aportes solidarios: lo único que cambió es que en el texto oficial no los incorporan, los omiten, por lo que tampoco aclaran si aplica para estos o no.
“Es el mismo mecanismo para los no afiliados, que serían las solidarias, porque básicamente (el espíritu de la ley es que) los empleadores dejan de ser agentes de retención“, aseguró al Cronista una fuente del Gobierno cercana a los creadores de la reforma.
Según especialistas consultados por este diario, para entender qué implica esto es clave considerar que las denominadas “cuota solidarias” están reguladas por los Convenios Colectivos de Trabajo, que tienen fuerza de ley una vez que son homologados. El sindicato cobra entre el 1% y el 4% de manera obligatoria de todos los trabajadores porque argumentan que sus negociaciones paritarias afectan también a los no-afiliados. Entonces, “los sindicatos pueden interpretar que los aportes obligatorios siguen siendo tales” al no estar contemplado dentro del articulado.
No obstante, otro abogado con conocimiento en la materia gremial interpretó: “Se metió las manos en el bolsillo de los sindicatos. La reforma habla solamente de cuotas de afiliación, arranca diciendo que ´podrá ser agente de retención´, no que está obligado, y tiene que ver con que el trabajador tiene que dar su consentimiento, y además refiere específicamente a trabajadores afiliados. ¿Si el afiliado a un sindicato tiene que dar su consentimiento y no es una obligación del empleador hacerlo, cómo se interpreta que sea forzosa la del no afiliado? La cuota solidaria quedó en el aire: nadie va a prestar su consentimiento para aportar“.
Desde el Gobierno no necesariamente son optimistas con mantener las modificaciones sindicales porque tampoco quieren que escale el conflicto con la Confederación General del Trabajo (CGT), pero Sturzenegger insistió con dar la discusión.
“Son cosas que tenemos que discutir, es parte del costo argentino. Lo que cobra el neto el trabajador a veces es la mitad de lo que le paga el empleador. ¿Sabes cuántos son estos peajes sobre la relación laboral? Entre 80 y 100 mil pesos por trabajador, por mes. Una gran parte de eso va a los sindicatos, a las cámaras empresarias. Es un detrimento en el ingreso de la gente”, argumentó el ministro hace semanas en una entrevista con LN+.
