El Gobierno impulsará la designación de los miembros vacantes de la Auditoría General de la Nación (AGN) en el Senado, en medio de la recta final de las sesiones extraordinarias. Así se lo confirmaron a El Cronista altas fuentes del Poder Ejecutivo, luego de la reunión de la Mesa Política que se desarrolló en la Casa Rosada en el despacho del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La idea, según precisaron las fuentes, es impulsarlo durante la sesión del jueves 26 de febrero, en la que buscarán sancionar el Régimen Penal Juvenil, el acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y la “media sanción” de la Ley de Glaciares.
La estrategia tendrá acuerdo con la Unión Cívica Radical y el peronismo “federal”, es decir, los gobernadores aliados del Gobierno. Por esta razón es que se dio en paralelo al quiebre del interbloque de José Mayans en el Senado.
De esta manera, el oficialismo marginará de la designación al kirchnerismo, pese a que, aún con el quiebre de Popular, este sigue siendo el bloque con mayor cantidad de bancas, con 25 escaños en total. La alianza con los gobernadores del PJ es un pantallazo de cómo se orquestarán los acuerdos para designar a los jueces sin negociar con los K, tal como adelantó El Cronista.

Según pudo reconstruir este medio, el conflicto por el candidato de la AGN había propagado el fuego en la interna peronista ya para finales del año pasado, cuando Mayans quiso acelerar la designación de su mano derecha, Carlos Raúl Gutiérrez Ortiz, sin acuerdo de los gobernadores. Por otra parte, desde La Rioja querían impulsar a Ricardo Guerra, exsenador, y también se mencionaba a Javier Fernández.
“Negocian con nuestro volumen”, se quejó una alta fuente cercana a los mandatarios provinciales del PJ.
Las otras dos vacantes irán para LLA, que hoy reúne 21 senadores “puros” gracias a la incorporación fresca de Luis Juez, y la UCR, que junta diez bancas. Los candidatos que barajaban eran, por el oficialismo, Santiago Viola -aunque finalmente pueden que tengan otros planes para el apoderado libertario- mientras que del radicalismo impulsaban a Luis Naidenoff.
No obstante, La Cámpora sí consiguió un auditor de su riñón en representación de la Cámara de Diputados: Juan Ignacio Forlón. El oficialismo no pudo prescindir de Unión por la Patria en la Cámara baja, en aquella sesión escandalosa de diciembre a la madrugada, que dejó sorprendido a sus propios aliados del PRO.

Como las designaciones se acuerdan por proporción de fuerzas en cada Cámara, el engrosamiento de los bloques violetas después de octubre reactivó las negociaciones para que el oficialismo consiga mejores lugares en el organismo de control con jerarquía constitucional.
Las primeras vacantes que cubrieron fueron las tres que correspondían a Diputados. En una sesión de diciembre, entre gallos y medianoche, el presidente de la Cámara, Martín Menem, resolvió votar y jurar a los auditores elegidos en acuerdo con UP y el peronismo de Innovación Federal.
La terna aprobada con 186 votos afirmativos y dos abstenciones fue a las tres de la mañana, después de la aprobación del Presupuesto 2026. La propuesta de LLA fue Rita Mónica Almada, la de UP, Juan Ignacio Forlón -segundo mandato-, y Pamela Calletti, mano derecha del gobernador Gustavo Sáenz.
La exdiputada corrió por los pasillos del Palacio para llegar al momento de la sesión, mientras que los demás esperaban tras bambalinas para el momento de la jura. El jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, judicializó la votación en rechazo a que el tema no estaba contemplado en extraordinarias y alegó que no respetó la representatividad de la Cámara.
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