El Gobierno finalmente no enviará una “Ley Bases II” al Congreso este año como habían anticipado los funcionarios del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger, ya que en el Gobierno delinean una estrategia por cuotas para impulsar las reformas que se avecinarán durante el período ordinario de 2026.
La idea había sido instalada luego de la intervención del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, durante una reunión de comisión de Presupuesto y Hacienda hacia el final de las sesiones ordinarias de 2025. Según explicó, el punto era recopilar lo que quedó afuera de la Ley Bases, aprobada en la primera parte de 2024, en el arranque de la gestión del presidente Javier Milei.
El mega-proyecto pensado como una ley ómnibus articulaba más de 600 artículos, pero el texto aprobado terminó reducido a 238. No prosperaron unas 33 empresas propuestas para privatizar -entre ellas, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación-, reformas previsionales, reformas fiscales, ni detalles sobre procedimientos administrativos que modificaban aspectos judiciales -como la famosa “toga” para los jueces-, entre muchas otras.
A su vez, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el blanqueo de capitales, el famoso capítulo fiscal, las modificaciones a la ley laboral y las facultades delegadas que sí fueron aprobadas, sufrieron de limitaciones de lo que planteó originalmente el Gobierno libertario. El producto final se consiguió después de seis meses de arduas negociaciones, con un oficialismo de extrema minoría parlamentaria.
En el medio, el Gobierno retiró y volvió a presentar otra versión del proyecto menos ambicioso, así como también dividió en dos a la Ley Bases y a su paquete fiscal, llamado "Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes". Desde el equipo ministerial de Sturzenegger optaron por no tener que volver a recorrer esa travesía. “No hay que repetir el error de mandar proyectos que después los recortan", expresaron desde el oficialismo.
Fuentes del área confirmaron El Cronista que, en vez de mandar una ley voluminosa, “vamos a ir mandando distintos proyectos” que incluirán todas aquellas cuestiones que desde la Casa Rosada consideran que deben insistir. Las fuentes oficiales descartaron volver a pedir facultades delegadas, pero sí podrían reinstalar la reforma del juicio por jurado, reformas fiscales y otros puntos del Consejo de Mayo referidos a la educación y la coparticipación.
Por caso, una de las reformas que nacen de ese primer intento de Milei con la Ley Bases es la modernización laboral, que también trabajó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y que se encamina a ser tratada durante las sesiones extraordinarias de febrero.
Aunque en el Gobierno repitieron la estrategia de sentar una posición con respecto de la presentación del proyecto, están dispuestos a negociar en el Congreso para que el producto final sea distinto o reducido.
Uno de esos aspectos que posiblemente sean sacrificados tiene que ver con las cuestiones sindicales, que podrían terminar por fuera de la ley y volver a ser presentados más adelante exclusivamente con un proyecto sindical.
Otro proyecto que agitaron desde el ministerio es la Ley Hojarasca, la cual fue presentada por el Poder Ejecutivo tiempo atrás pero nunca fue tratada. Desde el ministerio de Sturznegger incluso coquetearon con presentar una segunda versión.
En esencia, consiste en derogar 70 leyes que consideran “obsoletas” y que “afectaron las libertades individuales” al constituir costos inútiles para los contribuyentes.
