Horas antes de que llegue la comitiva del ministro Mario Lugones a la Casa Rosada para la reunión con Manuel Adorni, el jefe de Gabinete anunció que en las próximas horas enviarán al Congreso una propuesta para modificar la Ley de Salud Mental sancionada en el 2010. El Cronista accedió a los detalles del proyecto. La iniciativa busca “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre” y superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia, según detallaron fuentes de la cartera de Salud. El eje de la propuesta se centra en una premisa técnica: la ley vigente, en su afán desmanicomializador, generó zonas grises que impiden la intervención oportuna en situaciones de crisis aguda. Por ello, el texto plantea abandonar la terminología ambigua para adoptar estándares internacionales de precisión clínica, y cambiar el modelo de financiamiento. Quizás el punto de mayor fricción política sea el freno a la clausura de las instituciones monovalentes. El proyecto sostiene que el mandato de cierre de hospitales psiquiátricos y el traslado a hospitales generales ha chocado con limitaciones de infraestructura y seguridad en todo el país. Incidentes en establecimientos como el Hospital Posadas o el Clínicas evidenciaron que los hospitales generales no siempre cuentan con las condiciones para casos complejos. El Ejecutivo propone entonces fortalecer una red de atención por niveles, donde el hospital especializado siga siendo un eslabón fundamental. En lugar de desfinanciar o clausurar las 30 instituciones públicas y 139 privadas que hoy funcionan en el país, el Gobierno plantea que estas convivan con los servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas. Para esto, el proyecto se apoya en el fortalecimiento de los sistemas de información RESAM y REFES, herramientas que el Ministerio considera esenciales para conocer la capacidad instalada y mejorar la planificación de las camas disponibles. Durante los últimos 15 años, la Ley 26.657 estipuló que el 10% del presupuesto de Salud debía destinarse a salud mental, pero con la condición de priorizar dispositivos comunitarios y camas en hospitales generales. La arquitectura financiera se apoya también en la integración del sector privado. Con al menos 139 instituciones monovalentes privadas en todo el país, el proyecto busca que estos establecimientos se incorporen a la red federal de emergencias mediante beneficios fiscales o convenios de prestación. El objetivo es aliviar la presión sobre las guardias de los hospitales públicos —que hoy enfrentan situaciones de violencia y desborde— con el traslado de la demanda de media y larga estadía a centros con capacidad instalada. Este movimiento funciona como una herramienta de seducción para los gobernadores. Al ofrecerles un marco legal que legitima la inversión en sus propios hospitales monovalentes, la Casa Rosada les entrega una solución llave en mano para un conflicto que hoy desborda sus presupuestos locales y sus fuerzas de seguridad. En tanto, mientras que la normativa de 2010 se apoya en el concepto de “padecimiento mental”, el nuevo proyecto propone el uso estricto de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Esta transición busca evitar las dudas diagnósticas que hoy demoran los tratamientos al introducir el concepto de trastornos mentales o del comportamiento. En la misma línea, el proyecto introduce un giro en la interpretación del riesgo. La legislación actual exige un “riesgo cierto e inminente” para proceder a una internación involuntaria, una barrera que ha demostrado ser un obstáculo insalvable hasta que el daño es un hecho consumado. La reforma propone reemplazarlo por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”. Esta categoría permite a los equipos médicos incorporar antecedentes y el contexto del paciente, otorgando un marco legal más sólido para que la intervención sea preventiva y no meramente reactiva. La operatividad en las guardias es otro de los pilares del texto. Bajo el esquema propuesto, el médico psiquiatra recupera autoridad técnica al poder indicar una internación involuntaria en urgencias, la cual deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas. Esta modificación se complementa con la extensión del plazo de notificación judicial, que pasa de 10 a 24 horas para aliviar la carga administrativa. Incluso en las internaciones voluntarias, si un paciente solicita el alta pero su capacidad está afectada, el equipo podrá transformarla en involuntaria. Esta reforma recolecta el guante de iniciativas similares que ya habían circulado en los últimos dos años en el Congreso, impulsadas por sectores del PRO y la UCR. El oficialismo se posiciona así en el centro de un reclamo de familias que denuncian que la ley actual terminó dejando a los pacientes sin contención, mientras que busca volver a instalar agenda para desviar la atención de los escándalos de la cúpula. El ministro Lugones se reunió con Adorni este martes a la tarde para tratar, además, otros proyectos que tiene en carpeta en relación a su cartera, los cuales por ahora se mantienen bajo 7 llaves. No escapará, además, la presión por la deuda con el PAMI, que es uno de los temas de principal preocupación en el ministerio. Además, otro proyecto ya previsto es la modificación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, otro de los sectores sensibles del Gobierno y que tiene la urgencia de reducir el costo fiscal de su aplicación, la cual fue forzada por la Justicia, en medio de los reclamos por atrasos en los pagos.