El sistema de riesgos del trabajo atraviesa una discusión que combina dos problemas: el costo que representa para las empresas y el crecimiento de la litigiosidad, que ya encendió alarmas entre las aseguradoras.
En ese escenario, el Gobierno prepara cambios regulatorios para ampliar las alternativas disponibles para los empleadores y reducir las barreras de entrada al régimen de autoaseguro.
El anuncio lo hizo Federico Sturzenegger durante su exposición en el 22° Congreso Nacional de Recursos Humanos de la Asociación de Recursos Humanos de Argentina (AdRHA). Allí el ministro de Desregulación y Transformación del Estado adelantó que el Ejecutivo trabaja en una modificación del régimen de ART para facilitar que las empresas puedan hacerse cargo directamente de la cobertura de sus trabajadores, sin contratar una aseguradora.
“Lo que vamos a hacer es un cambio en el régimen de ART que va a permitir hacer mucho más fácil el autoaseguro”, afirmó el funcionario. Y agregó que esa alternativa podría permitir a las compañías obtener una cobertura a menor costo.
“No se está obligando a nada a nadie”, aclaró, al plantear que cada empleador podrá evaluar si le conviene continuar con una ART o asumir directamente esa responsabilidad.
Qué es el autoaseguro
El autoaseguro no es una figura nueva. Está contemplado en el artículo 3 de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo, sancionada en 1995. La normativa permite que los empleadores prescindan de una ART, siempre que acrediten solvencia económico-financiera para afrontar las prestaciones y garanticen los servicios de asistencia médica y las demás obligaciones previstas por el sistema.
En la actualidad, para acceder a ese régimen las empresas deben cumplir requisitos adicionales, entre ellos la constitución de reservas especiales y la celebración de un contrato de fideicomiso. La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) evalúa cada solicitud y determina si el empleador está en condiciones de asumir la cobertura. Además, mantiene facultades de control y puede solicitar la revocación del permiso ante incumplimientos.
La propuesta oficial apunta precisamente a revisar esas exigencias. Sturzenegger cuestionó que, a su entender, las regulaciones terminaron dificultando una alternativa que originalmente estaba prevista para competir con las aseguradoras. “La ART se ha puesto un poco cara”, sostuvo. Según su interpretación, las compañías aseguradoras tuvieron incentivos para promover restricciones que limitaran el desarrollo del autoaseguro.
Un incentivo para invertir
El ministro también vinculó el cambio con los incentivos para invertir en prevención. Explicó que, cuando una empresa asume directamente el costo de los accidentes, tiene mayores razones para desarrollar programas propios de seguridad e higiene.
Como ejemplo, mencionó a una compañía industrial que, según relató, trabaja especialmente en prevención porque internaliza el costo de los siniestros. Sin embargo, no precisó qué requisitos se modificarán ni cuándo estará listo el proyecto.
Ante una consulta de El Cronista, un vocero del Ministerio confirmó que la iniciativa está en elaboración, pero señaló que todavía no hay detalles para compartir.
Fuerte incremento de la litigiosidad
El anuncio se produce mientras el sistema enfrenta un fuerte incremento de la judicialidad.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), existen alrededor de 500.000 juicios y la entidad estima que durante 2026 se iniciarán otros 140.000, lo que marcaría un tercer récord consecutivo. La organización también advirtió que cerca del 45% de la prima se destina a afrontar los costos de la litigiosidad.
La preocupación del sector contrasta con la evolución de los indicadores de siniestralidad. Según datos presentados por la SRT, en las últimas tres décadas los accidentes laborales se redujeron cerca de 50% y los fallecimientos, 80%. Actualmente, el sistema alcanza a unos 9,5 millones de trabajadores y 500.000 empleadores. Para las aseguradoras, el aumento de los juicios, pese a la reducción de los accidentes, representa una presión creciente sobre los recursos y la sustentabilidad del esquema.
En paralelo, Sturzenegger anticipó cambios para las empresas de la construcción en su relación con el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC). Según explicó, el Gobierno busca simplificar la registración y eliminar trámites que considera redundantes a partir de la registración laboral. “Vamos a sacar toda la burocracia asociada a eso”, señaló, aunque tampoco precisó los alcances ni el cronograma de implementación.
La presentación del ministro se realizó durante el cierre del 22° Congreso Nacional de AdRHA, que reunió a más de 650 profesionales y responsables de Recursos Humanos. La agenda del encuentro incluyó el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones, la cultura corporativa, la capacitación y la reconversión de los trabajadores frente a los cambios tecnológicos.
El presidente de AdRHA, Tomás Gómez Álzaga, destacó los desafíos que enfrentan las empresas y la necesidad de generar espacios de intercambio entre los responsables de capital humano. “Tanto por el avance de la tecnología y la IA, como así también por los aspectos centrados en la cultura, la capacitación, la reconversión laboral de los colaboradores, como de la salud mental y el bienestar”, señaló al explicar la importancia del encuentro.
