El Gobierno rechazó la declaración de desacato resuelta en su contra por el juez neoyorquino Thomas Griesa por el incumplimiento del fallo en el que ordenó el pago a los holdouts, y se prepara para depositar hoy en Buenos Aires el primer servicio de deuda al amparo de la nueva Ley de Pago Soberano, por alrededor de u$s 180 millones.


Griesa resolvió declarar ayer a la Argentina en desacato, aunque postergó la aplicación de multas, una decisión que desde la administración de Cristina Fernández reprocharon por interpretar que constituye una violación del derecho internacional, a la vez que negaron efectos prácticos del fallo. Además, a través de un duro comunicado emitido por la Cancillería, que encabeza Héctor Timerman, el Gobierno acusó a Estados Unidos de ser el "único responsable" de las acciones del magistrado y le reclamó que acepte la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para dirimir la controversia entre ambos países.


"La decisión (de Griesa) es violatoria del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos", denunció la Cancillería y sostuvo que "no tiene ningún efecto práctico salvo proveer de nuevos elementos que sirvan a la difamante campaña política y mediática llevada adelante por los fondos buitre contra la Argentina". El comunicado insistió en remarcar que el magistrado "ostenta el triste récord de ser el primer juez que declara un desacato contra un Estado Soberano por pagar una deuda, luego de fracasar en su intento de obstruir la restructuración de la deuda de la Argentina".


En esa línea, el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Alejandro Vanoli, afirmó que la declaración de desacato "no sólo es violatoria de la inmunidad soberana de los Estados" sino que "desconoce al gobierno argentino, su pueblo y todas sus instituciones".


"Los fondos buitre, con la complicidad del juez, vulneran principios esenciales de derecho internacional y la Argentina tiene el derecho de defenderse en todas las instancias jurídicas supranacionales ante estas decisiones de un juez que carece de competencia", agregó.


En tanto, fuentes del Ministerio de Economía, que comanda Axel Kicillof, confirmaron que hoy se depositarán en Buenos Aires unos u$s 180 millones en Bonos Par, el primer servicio bajo el amparo de la Ley de Pago Soberano, de los cuales u$s 16 millones corresponden a títulos con legislación nacional, u$s 65 millones a papeles con jurisdicción de Nueva York y otros u$s 101 millones a bonos de legislación europea.


Los u$s 165 millones que se depositarán en Nación Fideicomiso estarán a disposición de los acreedores que acepten cambiar la jurisdicción de pago y de agente fiduciario, ya que debería renunciar a la intermediación del Bank Of New York. En el caso de que no lo hagan, los Bonos Par serían declarados en default el 30 de octubre cuando se cumplan 30 días de la fecha de pago original.


El viernes pasado el Citigroup consiguió que el juez Griesa le permita realizar el pago de los títulos nominados en dólares pero con legislación argentina, que para el caso de esta entidad equivale a unos u$s 5 millones.