Llegó el Día Cero. Desde hoy, 1 de marzo, comienza formalmente la segunda etapa del gobierno de Javier Milei, con su discurso ante la Asamblea Legislativa. En la Casa Rosada asumen que lo que tienen por delante es una ventana estrecha —cinco o seis meses— para empujar las reformas clave que permitan que la Argentina empiece a crecer de manera pareja antes de que el calendario electoral vuelva a tensionar la aritmética legislativa.
En ese marco se cocina una nueva propuesta para los gobernadores con el objetivo de consolidar apoyos antes de que la dinámica política complique la sintonía que caracterizó a las extraordinarias. Confían en que, llegado el momento, la mayoría priorizará su frente interno y volverá a ceder como prenda de cambio los escaños nacionales, como ocurrió en 2025. Pero prefieren no dejarlo librado al azar.
La herramienta elegida es reabrir el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR) entre el Estado Nacional y las Provincias y/o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que ya adhirieron 18 de los 24 distritos. El plazo original venció hace tiempo, pero el Ministerio de Economía prepara un relanzamiento para sumar nuevas provincias que ya manifestaron interés en incorporarse.
El Decreto 969/2024, firmado el 30 de octubre del año pasado, dio origen al sistema de intercambio de pasivos “con el objetivo de extinguir, total o parcialmente las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas”. El esquema contempla dos tipos de operaciones: las financieras —que avanzaron con mayor rapidez— y las que involucran tierras y bienes, donde interviene la AABE y se agregan condiciones adicionales.
El REOR nació como parte de la primera tregua entre la Casa Rosada y los mandatarios federales. Buscaba reducir litigiosidad y ordenar cuentas sin comprometer nuevos recursos nacionales.
Se instrumentó mediante convenios bilaterales con la Secretaría de Hacienda como autoridad de aplicación. Según datos oficiales, adhirieron Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Sin embargo, solo siete firmaron convenios específicos.
En Balcarce 50 quieren acelerar la reapertura para sumar más distritos. Apuntan a Santiago del Estero y Santa Fe. Con el santafesino Maximiliano Pullaro el vínculo se recompuso tras meses de frialdad, aunque persiste una demanda clave: mejorar el flujo de caja previsional. En Santiago del Estero, hoy bajo el mando de Elías Suárez —exministro de Gerardo Zamora, ahora senador—, la autonomía respecto del kirchnerismo nacional es una constante. Llama la atención que CABA aún no haya adherido.
“Con dos fosforitos se consiguió mucho en estos tres meses y sin poner un mango”, resumen desde la Mesa Política. La aprobación final de la Reforma Laboral y del Régimen Penal Juvenil en extraordinarias dejó satisfechos a los operadores oficiales de cara al discurso presidencial. También contabilizan el Acuerdo UE-Mercosur y antes el Presupuesto 2026.
Queda, no obstante, la batalla por la modificación a la Ley de Glaciares en Diputados. Allí deberán barajar y dar de nuevo: no existe propiedad transitiva con los acuerdos del Senado. Hubo sorpresas —provincias no mineras alineadas con Nación, como Santa Fe; otras que trabajaron juntas y luego se diferenciaron, como Chubut; y la abstención de Neuquén— que explican el resultado.
Aun así, el resultado fue holgado: proyectaban 37 votos y obtuvieron 40. Confían en replicarlo, con margen más ajustado, en el inicio del período ordinario. Si el plan avanza, Glaciares será apenas la antesala de otras reformas en el primer semestre de 2026, varias de ellas en la lapicera de Federico Sturzenegger.
La reforma tributaria podría esperar a la segunda mitad del año, cuando proyectan una mejora en los sectores más rezagados. En el entorno presidencial describen los primeros dos años como de “estabilización” y anticipan una recuperación “muy lenta” en manufacturas a partir de los próximos meses, mientras el agro, la energía y la minería sostienen un crecimiento vigoroso. Una V a dos velocidades.
El 4,4% de expansión que mostró el EMAE en 2025 convive con una radiografía desigual. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura creció 32,2% interanual —impulsada por una cosecha récord de trigo de 27 millones de toneladas— y fue la mayor incidencia positiva. Le siguió la intermediación financiera (14,1% interanual). Ambas aportaron 2,4 puntos porcentuales al crecimiento del índice.
En contraste, la industria manufacturera (-3,9%) y el comercio (-1,3%) arrastraron el promedio para abajo y destruyen el empleo. El consumo flojo y el salto de alimentos (4,7% en enero, sobre un promedio de 2,9% en el IPC) encendieron más luces amarillas.
En la reunión con el Grupo de los Seis con e jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la UIA alertó por los efectos colaterales del plan y acercó propuestas: computar a cuenta de IVA parte de aportes patronales en sectores intensivos en mano de obra, acelerar devoluciones de saldos a favor (IVA, Ganancias, PAIS), reducir o eliminar derechos de exportación industriales y aumentar reintegros.
También pidió abrir financiamiento productivo para pymes vía el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) aprobado con la Reforma Laboral y reforzar controles para evitar subfacturación y contrabando.
“En líneas generales, se remarcó que la industria es transable y compite con el mundo, por lo tanto requiere de un ecosistema productivo que le permita competir con los ecosistemas de los países con los que compiten sus productos. Y una reforma tributaria es el primer punto en ese escenario”, demandaron.
La Sociedad Rural, en cambio, puso sobre la mesa el rinde récord de trigo para mostrar que “el campo responde con productividad cuando le bajan las retenciones”, aseguraron. Los empresarios se llevaron la impresión que el plan de Milei no es negociable.
Milei enfrenta la maldición del tercer año, el estancamiento que condicionó a los últimos tres presidentes. A Cristina Kirchner en 2014, durante su segundo mandato; a Mauricio Macri en 2018 y a Alberto Fernández en 2022. “Si no hay un cisne negro, este año vamos a tener los beneficios de una gran cosecha. Y también tenemos a Donald Trump”, retrucan en el oficialismo, conscientes de la volatilidad externa.
Puertas adentro admiten que la Reforma Laboral no garantiza por sí sola la reactivación. “Es buena pero no es todo lo que podría haber sido. Pero para poner en marcha a la Argentina se requieren diez reformas como las laborales. Y eso lleva tiempo”, diagnostican.
Entre los estrategas libertarios, la expectativa reposa en la inversión extranjera directa más que en los grandes grupos locales. De allí el fastidio presidencial con los “Don Chatarrín” —Paolo Rocca— y los “Lengua suelta”, en referencia al CEO de Neumen, Roberto Méndez.
Tampoco inquietó en Casa Rosada la amenaza de cierre de FATE, donde sus trabajadores ya convocaron a marchar el 4 de marzo a las puertas de la Secretaría de Trabajo con miras a la audiencia con la empresa. El Ejecutivo dictó la conciliación obligatoria y la decisión es sostenerla todo lo posible para encarecer eventuales despidos, aun cuando la nueva ley laboral facilite ese camino.
“A (Javier) Madanes Quintanilla lo tiene hace tiempo entre ceja y ceja”, confesó un interlocutor libertario. El Presidente fue irónico en redes al llamarlo “Don Gomita Alumínica”. Otros apodos, una de las habilidades naturales del libertario, quedaron en borrador. “Madanes Chantanilla” era el primero. Había otro que circuló en el Whatsapp del círculo presidencial, uno con dejo escatológico, deformando el primero de los dos apellidos del CEO, que tampoco se usó pero se pensó. Lo preservamos en aras del buen gusto.