Tras la firma del protocolo adicional que permite su remisión al Congreso, el acuerdo de comercio entre Estados Unidos y la Argentina (ARTI) entró en su “hora clave”: ¿por qué el Gobierno demora la presentación y qué presiones llegan de Washington?
El Gobierno de Javier Milei debe resolver cómo traducir en leyes los compromisos asumidos con los funcionarios del gabinete de Donald Trump en febrero, antes de que el calendario electoral comience a ejercer mayor presión y cierre la “ventana legislativa”.
Según dejaron correr fuentes del sector privado, el principal foco de tensión está en la propiedad intelectual aplicada a las semillas. Estados Unidos reclama avanzar con la adhesión de la Argentina a UPOV-91, mientras que el Gobierno busca primero cerrar una nueva ley de semillas.
La UPOV 91 es el Acta de un tratado internacional que regula los derechos de propiedad intelectual sobre nuevas variedades de plantas.
El problema es que el consenso entre productores y empresas todavía no está terminado. “Para nosotros UPOV 91 es una condición necesaria”, sostuvo una fuente empresaria durante una reunión sectorial.
Aunque en los papeles la Argentina se comprometió a presentar la iniciativa en el Congreso antes de diciembre de 2027, en el marco del ARTI, los empresarios tienen la mira puesta en este paso y lo atan al éxito del acuerdo.
En la visión de la industria, la adhesión al convenio, la modernización de la ley de semillas y un nuevo sistema de fiscalización forman parte de un mismo proceso.
Por eso, ponen expectativa en las extraordinarias de 2026. “Dijeron que la última chance es la extraordinaria 2026, porque después discutirlo desde el 2027 es muy complejo”, le dijeron a El Cronista fuentes al tanto de las conversaciones con el Ejecutivo.
Semillas: el compromiso que todavía no está cerrado
La Argentina adhiere desde 1994 a la versión de 1978 del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), y su ley de semillas rige desde 1973. Ese esquema garantiza el “uso propio” gratuito: el productor puede guardar parte de la cosecha para volver a sembrarla sin pagar regalías a la empresa que desarrolló la variedad.
El Acta de 1991 amplía los derechos de las semilleras sobre lo cosechado, deja en manos de cada país el alcance de esa excepción y extiende la protección mínima de 15 a 20 años. Ahí está el eje de la disputa: quién paga, cuánto y durante cuánto tiempo. El conflicto se concentra en la soja y el trigo, donde el productor puede guardar semilla de una campaña a otra. En marzo, la Mesa de Enlace propuso mantener gratuito el uso propio hasta 500 hectáreas y cobrar solo el excedente, con un monto fijo y un tope de tres multiplicaciones.
La industria rechazó ese umbral como único criterio y, aunque después amplió el universo de productores exceptuados, el acuerdo no está cerrado. Como prueba del interés de los productores, las empresas exhiben las más de 30.000 licencias firmadas de manera voluntaria en el sistema privado de cobro de regalías. En la visión de la industria, la adhesión al convenio, la modernización de la ley de semillas y un nuevo sistema de fiscalización forman parte de un mismo proceso.
AmCham plantea otro camino: aprobar UPOV-91 y mantener la ley de patentes vigente, sin una nueva ley de semillas. “Ese sería el mejor escenario para nuestras empresas. Y no consideramos que sea necesario un punto intermedio entre las demandas de los dos sectores”, afirmó Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina. No está exigido por el gobierno americano y no están vinculados.
Del lado de los productores, Díaz describió la desconfianza: “Argentina utiliza mucho el retrovisor, entonces si uso el retrovisor, digo, no tengo garantías de esa molécula, que todavía no sé a qué precio la voy a pagar”.
El Gobierno, mientras tanto, intenta cerrar un punto de equilibrio entre los actores. Las fuentes empresarias reconocen que el Ejecutivo se involucró durante todo el año en las conversaciones y que hubo avances respecto de posiciones anteriores. Sin embargo, todavía no existe un proyecto listo para ser votado por el Congreso. “Imposible que UPOV pase si lo otro no está acordado”, definieron altas fuentes del Gobierno ante El Cronista.
La presión de Estados Unidos
En Washington, la propiedad intelectual aparece como uno de los capítulos centrales de la relación bilateral. Para AmCham, el debate sobre semillas forma parte de una discusión más amplia sobre la actualización del marco regulatorio argentino. La entidad sostiene que la Argentina tiene capacidades importantes en fitomejoramiento y biotecnología, con desarrollos más avanzados que los de socios regionales como Brasil o Paraguay, pero necesita adecuar las reglas para facilitar la llegada de nuevas tecnologías.
El 30 de abril, la USTR sacó a la Argentina de la Priority Watch List de su informe anual Special 301, en la que figuraba desde hacía diez años, y la pasó a la Watch List, el nivel más bajo de preocupación. Aun así, el tema sigue en el centro de la agenda.
El punto es que Washington puede presionar dentro de la negociación bilateral, pero la aprobación de las reformas que requieren por ley queda en manos del Congreso argentino. El vencimiento para diciembre del 2027 se planteó desde Estados Unidos con la reelección de Milei como supuesto, pero desde el sector privado buscan que la discusión se salde antes.
Por la vía del Ejecutivo, el Gobierno ya avanzó. En junio, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) derogó la Resolución 283/2015, que restringía las patentes biotecnológicas, dos semanas después de una misión del Departamento de Agricultura de EE.UU. al país. “El gobierno americano presiona. Te da tiempo, te presiona”, graficaron en el sector privado.
Reloj andando: la ventana de 2026
“La relevancia creo que la da el timing para conseguir los votos”, explicaron desde el sector privado al analizar cómo el Gobierno ordena una agenda legislativa que incluye alrededor de 50 iniciativas. El ARTI, en ese esquema, compite con otras reformas y negociaciones políticas.
El Gobierno ordena esas iniciativas en dos tandas: una para 2026-2027 y otra para 2028 en adelante, atada a la hipótesis de reelección. Ya tienen confirmada la segunda, y la prioridad de los proyectos están atadas a los votos que tienen las reformas, algo que desde el empresariado dicen entender.
La llave está en las provincias. “La gran definición que se está corriendo en las próximas 5 semanas es cuál es el apoyo que consiguen en los gobernadores a través de un esquema electoral que los haga partícipes”, señalaron fuentes al tanto de las negociaciones. Según su lectura, el ARTI todavía no reúne ese caudal porque en el Congreso “no todos ven visible la necesidad o la conveniencia de esa relación bilateral”. Y cada gobernador hace su propia cuenta.
“El timing para el año que viene tratar el ARTI va a ser más complicado”, advirtieron otras fuentes. Ante el ajustado calendario, la alternativa que aparece sobre la mesa es utilizar las sesiones extraordinarias de 2026, ya que el 2027 puede convertirse en un año de muy baja actividad legislativa. “A partir de marzo de 2027, yo no esperaría muchas sesiones que aprueben nada”, le dijeron a este medio. Y completaron: “Eso lo tiene claro el Gobierno argentino y lo tiene claro el Gobierno americano”.
El Gobierno de Milei convirtió el vínculo con Washington en uno de los ejes de su estrategia comercial y de inversiones. El protocolo firmado en octubre fue presentado justamente como el paso que permitiría remitir el acuerdo al Congreso y consolidar la previsibilidad para el comercio bilateral.
El acuerdo contra el calendario político
Mientras tanto, los compromisos que no requieren ley avanzan. “El Gobierno, te diría, todas las semanas toma una resolución al alcance del Ejecutivo que está en línea con lo escrito en el ARTI”, señaló Díaz. El capítulo arancelario, en cambio, necesita la aprobación del Congreso argentino.
Si el Gobierno no logra cerrar la ley de semillas y presentar el paquete legislativo durante la ventana de 2026, el ARTI podría quedar condicionado por un Congreso atravesado por el año electoral de 2027.
A la par, Estados Unidos atraviesa en noviembre de 2026 las elecciones legislativas de medio término, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.
La presión estadounidense aparece redoblada para mostrar avances antes de un posible cambio en el escenario político en EE.UU. Desde AmCham, sin embargo, sostienen que el resultado electoral de medio término no tendrá impacto en la relación comercial con la Argentina.