El camino al objetivo del equilibrio fiscal en 2024, a partir un ajuste de 5% del Producto Bruto Interno (PBI), plantea desafíos en el camino para el Gobierno, que podría arruinar los plantes del flamante mandatario, Javier Milei entre los cuales se destaca la cuestión social.

"No queda claro como la sociedad vaya a tolerar las subas en un escenario en que los ingresos llegarían muy golpeados", sostuvo un reciente informe del centro de análisis macroeconómico Equilibra a partir de la hoja de ruta de recortes que marcó el oficialismo.

Tras los anuncios del flamante ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se oficializó el desagregado de la reducción del gasto público: para el próximo año el Gobierno proyecta bajar en un 0,7% los subsidios económicos, en un 0,4% en los fondos destinados a las jubilaciones y pensiones y en el mismo porcentaje los programas sociales con intermediarios.

Lo que a la par se conjugará con la licuación salarial que imponga la aceleración de los precios. Según las proyecciones de Equilibra, la inflación promedio entre diciembre, enero y febrero, alcanzaría el 25% mensual lo que "deteriorará con fuerza el poder adquisitivo".

Así, sostienen que, para el último mes del 2023, la caída en los salarios reales podría superar el récord mensual de descenso de alrededor del 9% que se registró en abril de 2002. "Tras esa pérdida, creemos que al menos el salario formal buscará recomponer parte de lo perdido y trepará a una nominalidad más alta en enero-febrero", sostuvieron.

En diciembre, la caída en los salarios reales podría superar el récord mensual de descenso de alrededor del 9% que se registró en abril de 2002

Frente al escenario próximo, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) alertó sobre las falencias del programa del Gobierno. Dado que, si bien reconocen que el alza en los precios tiene una antesala de la administración anterior, consideran que se profundizó con las últimas medidas.

En el mes previo a la salida del Gobierno de Alberto Fernández, y según se conoció semanas atrás, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre fue de 12,8%, lo que supuso una variación interanual del 160,9% y acumulada del 148,2%.

Un sendero ascendente que continuará para el coordinador del Observatorio de Derecho Social del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Luis Campos quien afirmó: "Profundizaron el aumento a niveles que son problemáticos con riesgos de hiperinflación. La novedad es que las medidas no fueron acompañadas con una política de ingresos".

A pesar de que, en la primera ronda de anuncios, junto con la devaluación, Caputo duplicó Asignación Universal por Hijo (AUH), incrementó en un 50% la Tarjeta Alimentar y otorgó un bono de fin de año de $10.000 a posteriori, para Campos resultan "poco significativas en comparación con el incremento de precios".

Y si bien reconoció que impulsar una política salarial indexada a la inflación sería ir en contra de la premisa del oficialismo, destacó que no se puede igualar las consecuencias que tienen las medidas sobre el conjunto de la sociedad. "Hay sectores que van a tener que ajustar por comida y medicamentos, por cuestiones que no se puede porque tienen que ver con cuestiones vitales", destacó.

Como respuesta a ello, Campos no descartó que se produzca un aumento de los disturbios en la calle. "A medida que comiencen a haber privaciones importantes, existe el riesgo -aunque no determinante- de que se plasmen en un aumento de la conflictiva individual como colectiva", concluyó.