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Este lunes el Gobierno oficializó un pago de $ 4500 millones a las obras sociales sindicales, dinero que forma parte de los pagos para sostener a los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud en el marco de la nueva fórmula de distribución de fondos establecida en mayo de este año que ya le otorgó más de $ 22.000 millones a las obras sociales durante el 2021.
El desembolso correspondiente al mes de diciembre se da con el objetivo de que las prestadoras de salud de los gremios puedan seguir garantizando "una adecuada cobertura médico-asistencial a los beneficiarios" a través de la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución.

Tal como indica la Resolución 2163/2021 que oficializa la medida de la Superintendencia de Servicios de Salud publicada en el Boletín Oficial, los fondos deberán utilizarse para el pago a prestadores y proveedores "con el fin de mantener la cadena de pagos y poder afrontar de modo eficaz y oportuno la situación generada por la pandemia de Covid-19".
El pago de este mes se da en concepto de adelanto de fondos del Sistema Único de Reintegros (SUR) -el cual cubre tratamientos largos y costosos- e implica la distribución de los $ 4500 millones entre casi 200 obras sociales de distinto tamaño, siendo la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles la más beneficiada con un aporte de $ 663.134.792 para este mes.
En línea con lo indicado por la Resolución, el Gobierno recalca que "no se realizará el pago a cuenta, como así tampoco futuros pagos a cuenta, a los Agentes del Seguro de Salud que no hubieren dado cumplimiento a lo dispuesto por la Resolución Nº 744/04" informando el estado de origen y aplicación de los fondos vencidos hasta agosto del 2021.
Los desembolsos que el Gobierno viene sosteniendo a lo largo del año para asistir a las obras sociales se debe a que "las restricciones y medidas especiales según las distintas jurisdicciones del país que se han ido adoptando desde el comienzo de la pandemia de Covid-19" implican "la imposibilidad de dar cumplimiento a los procedimientos administrativos regulados para el tratamiento de las solicitudes de recupero de fondos presentadas por los Agentes del Seguro de Salud" debido a la falta de recursos humanos para el trabajo.
Además, la resolución se justifica al agregar: "No caben dudas de que la profunda crisis económica y financiera por la que atraviesa el sector torna necesario mantener la continuidad del sostenimiento y fortalecimientodel Sistema Nacional del Seguro de Salud".

LA RELACIÓN DE LOS SINDICATOS CON EL GOBIERNO
A noviembre del 2021 el Gobierno ya le había girado a las obras sociales más de $22.000 millones a los que ahora se suma esta cifra récord de $4500 millones en busca de reforzar el sistema de cobertura sanitaria de los gremios, una de las estrategias del presidente Alberto Fernández para acercarse al sindicalismo.
En la misma línea de asistencia a las obras sociales en busca del favor gremialista, el primer mandatario resolvió en julio de este año la limitación del sistema de libre elección de las prestadoras de salud para los trabajadores: el decreto establece que cada nuevo empleado deberá permanecer por un año de forma obligatoria en la prestadora que corresponde a su actividad antes de poder optar por el traspaso a otra entidad, evitando así la fuga de los aportes obligatorios al sector privado.
Por su parte, el resto de los empleados en relación de dependencia podrán optar por el cambio de prestadora médica una sola vez al año, lo que pone fin a la posibilidad de efectuar los traspasos libres tal como ocurría antes del decreto presidencial de mitad de año.













