La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores presentaron una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y contra el titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, por presuntas tareas de espionaje ilegal contra organizaciones gremiales, dirigentes políticos y movimientos sociales.
La denuncia fue formalizada ante la Justicia federal luego de la publicación, el 3 de agosto, de una investigación periodística que reveló la existencia de informes confidenciales que detallaban fechas, horarios, recorridos y nombres de dirigentes involucrados en marchas de jubilados, actos culturales y protestas gremiales, actividades que no presentan riesgos para la seguridad nacional.
Según los denunciantes, las prácticas expuestas violan la Ley de Inteligencia Nacional (Ley Nº 25.520) y los derechos constitucionales a la privacidad, la libertad de expresión y la participación política. Además, advierten que tales maniobras remiten a episodios oscuros del pasado autoritario argentino, con un impacto directo sobre las garantías democráticas vigentes.
Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, y Hugo "Cachorro" Godoy, titular de la CTA Autónoma, coincidieron en calificar la situación como "una gravedad institucional enorme" y exigieron que se investigue "hasta las últimas consecuencias".
Al respecto, Yasky sostuvo: "Espiar a opositores, sindicatos y movimientos sociales con fines políticos es absolutamente inaceptable en un Estado de derecho".
La denuncia solicita específicamente que se investigue si los informes fueron realizados bajo orden judicial y, en caso contrario, se establezca la responsabilidad penal de los funcionarios involucrados, incluido el Presidente de la Nación en su calidad de máxima autoridad política del sistema de inteligencia nacional.
Además, las centrales sindicales reclaman ser notificadas formalmente del avance de la causa para poder constituirse como querellantes, representando así a los trabajadores y trabajadoras que podrían haber sido víctimas de estas maniobras ilegales. Desde el Gobierno nacional, hasta el momento, no se emitió un pronunciamiento oficial respecto a la denuncia ni a los informes de la SIDE.
Las denuncias sobre espionaje ilegal en Argentina no es un tema nuevo. De hecho, durante el gobierno de Mauricio Macri se debatió judicialmente ese tipo de maniobras sobre familiares de la tribulación del submarino ARA San Juan y el caso conocido como "Supermario Bros".
Desde las centrales se pide que se convoque a prestar declaración testimonial al periodista que dio cuenta la información y se libre oficio a la SIDE a fin de que remita, "en carácter de urgente, los informes que se hayan elaborado de acuerdo con la información" publicada y que, además, se informe si aquellos informes fueron elaborados en virtud de alguna orden judicial.
