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La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo este martes, luego de que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 habilitara la apelación de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, que busca flexibilizar las condiciones de su prisión domiciliaria.
El planteo será revisado por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.
La discusión gira en torno al régimen de visitas impuesto por el TOF 2, que establece que la exmandataria solo puede recibir a familiares directos, abogados, médicos y custodios previamente autorizados, excluyendo a cualquier otro visitante salvo que cuente con autorización expresa del tribunal.
Un planteo por derechos constitucionales
Los abogados defensores, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostienen que no existe base legal para limitar las visitas en un régimen de prisión domiciliaria, e incluso señalaron que la Justicia "no puede imponer reglas de conducta adicionales" fuera de las previstas por ley.
El rechazo inicial del TOF 2 se dio el 17 de junio y fue ratificado la semana pasada. Sin embargo, ahora la Cámara de Casación deberá resolver si corresponde o no levantar estas restricciones.
Además, la defensa anticipó que apelará la imposición de una tobillera electrónica, medida que calificó como "innecesaria y excesiva".
Reacciones políticas y advertencia institucional
La decisión judicial generó una fuerte reacción del bloque de diputados de Unión por la Patria, que emitió un comunicado titulado "Democracia en riesgo". Allí advirtieron que la resolución afecta el ejercicio de representación parlamentaria, ya que los legisladores necesitan pedir autorización para visitar a la exmandataria.
"El sistema democrático exige una división real de poderes. Subordinar al Legislativo al Judicial vulnera principios constitucionales básicos", señalaron.
Además, denunciaron que algunos medios accedieron a la resolución antes que los abogados, lo que consideran una violación al debido proceso.
El trasfondo: condena firme y condiciones impuestas
Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario tras la confirmación de su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, fallo que fue ratificado por la Corte Suprema.
Si bien puede usar redes sociales o asomarse al balcón sin restricciones, el tribunal le ordenó "abstenerse de perturbar la tranquilidad del vecindario", entre otras condiciones.
Por último, el bloque oficialista anunció que pondrá en conocimiento de esta situación a organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria Mundial, por considerar que hay una vulneración de tratados de jerarquía constitucional.
