El Gobierno declaró la "emergencia en materia penitenciaria" por los próximos tres años, al tiempo que creó una comisión especial para resolver el "déficit habitacional" en las prisiones federales, "mejorar las condiciones de privación de la libertad" e implementar "medidas alternativas" al encarcelamiento.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, llega en el marco de un "incremento significativo de los últimos años" de la población delServicio Penitenciario Federal (SPF). Según datos del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena, la población detenida en cárceles federales al 31 de diciembre de 2015 era de 10.274, mientras que el SPF informó que al 13 de marzo pasado los internos alojados ascendían a 13.773.
Además, la capacidad operativa de alojamiento ideal a esa última fecha alcanzaba las 12.235 plazas, lo que significa una sobrepoblación superior al 12% , según informó la agencia Télam.
Argentina tiene una tasa de 186 presos cada 100.000 habitantes, según datos de 2016 de la organización Prison Studies. La tasa promedio de América del Sur es de 236 presos cada 100.000 habitantes.
"En razón de las políticas exitosas de seguridad pública y, consecuentemente, de persecución del delito para combatir la inseguridad ciudadana y el crimen organizado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional (…) dicho porcentaje seguirá incrementándose sustancialmente durante el año en curso", señala la norma.
No obstante, añade que "en los últimos años se ha registrado un descenso en los porcentajes de personas sin condena alojadas en establecimientos penitenciarios federales", aunque en la actualidad esa cifra asciende al 57% de los internos, "situación que suele extenderse en el tiempo a raíz de la prolongada duración de los procesos".
De acuerdo a la resolución, las órdenes judiciales "impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país", por lo que se generan situaciones de superpoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63% de los alojamientos penitenciarios.
La única cárcel que el gobierno de Macri inauguró en su mandato fue el complejo federal de Cuyo, en Mendoza, que a fines del año pasado fue inaugurado parcialmente. Y está en marcha la construcción de la cárcel federal de Coronda, en Santa Fe, y otra en la localidad bonaerense de Mercedes.
De acuerdo a la resolución, en forma paralela "se ha promovido la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad para grupos vulnerables, tales como mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con problemas de salud o con discapacidad" como "la utilización de dispositivos de vigilancia electrónica".
"A pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria", indicó la resolución.
Para abordar esta problemática, la resolución crea una Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria integrada por un representante de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, otro de la Dirección Nacional del SPF, y se invita a los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Seguridad a nombrar a un funcionario. Una vez constituida, la comisión se reunirá quincenalmente hasta 2022.
