Con la inminente aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto de ley de Modernización Laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei entra en su recta final. El texto, que ya tenía media sanción del Senado desde el 12 de febrero, volvería a la Cámara alta para su sanción definitiva el viernes 27 de febrero. El cronograma es ajustado: las sesiones extraordinarias vencen el 28 de febrero, un día antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Milei dará su discurso ante la Asamblea Legislativa. El único cambio que introdujo Diputados fue la eliminación del polémico artículo 44. Ese punto establecía que, en caso de enfermedades o accidentes ajenos al ámbito laboral, el trabajador cobraría el 50% del salario, o el 75% si tuviera cargas de familia. La redacción, que generó un amplio rechazo incluso entre aliados del oficialismo por sus implicancias para pacientes oncológicos y personas con lesiones accidentales, fue retirada del texto por el bloque libertario antes de que arrancara el debate en el recinto. Así las cosas, el proyecto que llega al Senado conserva el núcleo duro de la reforma: modificaciones en el cálculo de indemnizaciones, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el banco de horas, cambios en la negociación colectiva y una batería de incentivos fiscales para la registración de empleados informales. El texto reúne modificaciones sobre 58 artículos de la legislación laboral vigente. El reglamento establece que entre el dictamen de comisión y la sesión en el recinto deben transcurrir al menos siete días corridos. El oficialismo tendría que conseguir el dictamen el viernes 20 para que, cumplida la semana reglamentaria, la norma sea votada en el Senado el 27 de febrero. La jugada está calculada hasta el milímetro: en la Casa Rosada entienden que el efecto político se lograría en su totalidad si Milei puede nombrar la ley aprobada en su discurso del 1° de marzo. En el Senado, el texto que llega de Diputados tiene un recorrido más despejado que en la Cámara baja. Dado que LLA introdujo únicamente la eliminación del artículo 44 —y no modificaciones de fondo—, el oficialismo espera mantener la coalición de 42 votos que logró en la sesión del 12 de febrero. La senadora Patricia Bullrich, conductora de las negociaciones, ya había anticipado que buscaría ratificar el texto sin nuevas alteraciones. Sin embargo, el camino al Senado no estará exento de tensión política. El Bloque Justicialista de la Cámara alta salió a cuestionar duramente el procedimiento legislativo y anticipó que impugnará la validez de la norma. En un comunicado difundido este jueves, el espacio denunció que el oficialismo “vulneró la proporcionalidad en la conformación de las comisiones del Senado” para conseguir el dictamen, y que las modificaciones al texto fueron negociadas “a puertas cerradas, fuera del ámbito natural de discusión que es la comisión”. Según el bloque opositor, el texto definitivo fue distribuido en las bancas apenas cinco minutos antes de la votación en general en la Cámara Alta. El Justicialismo fue más lejos aún al cuestionar el llamado a un plenario de comisiones de Trabajo y Presupuesto para este viernes —con el expediente todavía en Diputados—, calificándolo de “total y absolutamente antirreglamentario”. “Estamos ante un verdadero quiebre institucional”, advirtió el bloque en su declaración, donde anticipó que considerarán la ley “viciada de nulidad absoluta” por la forma en que fue procesada. La advertencia instala un nuevo frente de conflicto que podría derivar en presentaciones judiciales una vez que la norma sea promulgada. El escenario más temido por el Gobierno es que algún bloque aliado en el Senado aproveche el regreso del proyecto para reabrir la discusión e introducir cambios adicionales. Si eso ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en un circuito que difícilmente cierre antes del 1° de marzo. Por eso el oficialismo apuesta a una sesión rápida y sin sorpresas para el jueves 27, que le permita llegar a la apertura de las sesiones ordinarias con una victoria legislativa de peso ya firmada y promulgada.