Cómo es la reforma política que quiere Milei y por qué es clave tratarla este año

En la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Javier Milei colocó la reforma política en el centro de su ambiciosa agenda legislativa de 90 proyectos. “Necesitamos que los representantes sean responsables ante sus representados”, dijo ante la Asamblea, y agregó que el Gobierno buscará modificar el financiamiento de los partidos políticos para “brindar transparencia a las relaciones entre el empresariado y la política”.

El alcance del paquete que el Gobierno enviará al Congreso en las próximas semanas es profundo: implica rediseñar las reglas del juego electoral antes de que arranque el ciclo de 2027, cuando se renuevan la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado y varias gobernaciones provinciales. La urgencia no es casual: “Es ahora o nunca”, aseguraron desde el oficialismo parlamentario.

El timing tiene una lógica política precisa. Si la reforma se aprueba este año, sus efectos se aplicarán sobre las elecciones del año que viene y el Gobierno busca aprovechar una buena parte de su capacidad para condicionar a los gobernadores aliados y ordenar el mapa de alianzas para la reelección.

El proyecto todavía no fue presentado, aunque tiene antecedentes en el 2024. La idea es que el Presidente repase cada uno de los aspectos que están sobre la mesa, con el foco principal en la eliminación de las PASO, para que Milei defina el plan legislativo. A priori, será un tema sensible para el Congreso, ya que los demás partidos no tienen buena recepción a la iniciativa.

¿Qué significa eliminar las PASO y por qué Milei no quiere un agosto de 2027?

Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) fueron creadas en 2009 con el objetivo de democratizar la selección de candidatos dentro de los partidos y ofrecer al electorado un termómetro previo a la elección general. En la práctica, derivaron en una doble vuelta que encarece las campañas, desgasta a los candidatos y, sobre todo, anticipa el humor político de la ciudadanía varios meses antes del comicio definitivo.

El ejemplo más cercano es en 2023, Milei fue el candidato más votado en las PASO de agosto con el 30% de los votos, pese a no tener interna en La Libertad Avanza, mientras que el PRO y Unión por la Patria sí. Ese anticipo condicionó el camino rumbo a octubre, y la idea es que no se repita el año que viene.

El debate ya se adelantó el año pasado y solo hubo consenso para suspenderlas por única vez para las legislativas de octubre de 2025. En elecciones ejecutivas, a la oposición le resulta atractivo mantenerlas para dirimir internas propias, y el peronismo las necesita para resolver su fragmentación sin una ruptura formal.

El PRO y la UCR, aliados habituales del Gobierno, todavía no tienen posiciones definidas. Sin las PASO, la negociación sobre quién va con qué sello y en qué lista pasa a darse puertas adentro, antes del único comicio disponible, y eso le otorga al Gobierno un poder de veto sobre las candidaturas provinciales. Además, el ahorro fiscal adelantan que sería significativo.

¿Cómo cambia el dinero en la política con la nueva ley de financiamiento?

Otro de los temas que propuso el Gobierno en su momento es modificar el método de financiamiento de los partidos políticos. El sistema actual establece que el Estado financia a los partidos políticos mediante aportes públicos y fija topes estrictos a las contribuciones privadas. La idea detrás es que la transparencia no pasa por limitar cuánto puede aportar una empresa sino por obligar a declarar cada peso recibido, dejando que el escrutinio público y la competencia electoral hagan el resto.

El proyecto se llamaba “Reforma para el Fortalecimiento Electoral” e incluía cuatro puntos concretos:

• Eliminación del financiamiento público para las campañas electorales. Hoy el Estado le transfiere fondos a los partidos para solventar sus gastos de campaña en proporción a los votos obtenidos en la elección anterior. El proyecto suprimiría esa transferencia directa, dejando a cada fuerza librada a su capacidad de recaudación privada.
• Incremento en los topes de aportes privados. La legislación vigente fija límites estrictos a cuánto puede aportar una persona o empresa a una campaña. El borrador elevaría esos techos de manera significativa, aunque sin llegar a la eliminación total de límites.
• Eliminación de los espacios de publicidad electoral gratuita en medios de comunicación. Hoy la ley garantiza a los partidos acceso a pauta electoral en radio y televisión financiada por el Estado. La propuesta fue eliminar los aportes públicos extraordinarios para campañas y boletas, dejando solo un aporte anual a través del Fondo Partidario Permanente. Estos últimos se repartirán de la siguiente manera: 20% en partes iguales entre todos los partidos reconocidos, y 80% de manera proporcional a los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, siempre que hayan superado al menos el 1%.
• Reducción del período de veda de encuestas de 8 a 3 días previos a cada comicio, y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral como mecanismo de control.

En el Gobierno hablan de “transparentar la relación entre el empresariado y la política”, pero los críticos señalan el riesgo inverso: sin topes, las fuerzas con mayor acceso al financiamiento privado parten con ventaja estructural sobre el resto. Según analistas, esto, sumado a la eliminación de topes a aportes privados, implicaría un balance importante en el financiamiento de campañas e inclinaría la cancha en favor de algunas fuerzas políticas sobre otras.

¿Qué son las circunscripciones uninominales y por qué generan tanto ruido?

Es la reforma más radical del paquete y también la que tiene menos chances de prosperar. El sistema de representación por circunscripción uninominal, inspirado en el que rige en los países anglosajones como Estados Unidos, Australia e Inglaterra, implicaría reemplazar el sistema de representación proporcional vigente. La iniciativa requeriría una compleja ingeniería institucional: obligaría a subdividir cada distrito en circunscripciones, tantas como cargos electivos le correspondan, y cada partido político podría presentar un candidato en cada una. Al final de la elección, se impondría solo un candidato por circunscripción.

Hoy, cuando un porteño vota diputados nacionales, elige entre listas cerradas que pueden incluir hasta 13 candidatos. Con el sistema uninominal, votaría por una sola persona en un territorio acotado, generando un vínculo más directo entre representante y representado. Sin embargo, los politólogos advierten que las terceras fuerzas perderían votos por el voto estratégico. La propuesta ya estuvo en los primeros borradores de la Ley Bases y fue eliminada por el rechazo de los aliados. No hay expectativa de que pueda avanzar esta vez en el Congreso.

¿Por qué la Boleta Única de Papel es la reforma que más presiona a los gobernadores?

La Boleta Única de Papel (BUP) es el instrumento más concreto y menos resistido del paquete, pero su implementación a nivel provincial es donde se juega parte de la negociación política más fina. A diferencia de la boleta partidaria tradicional —donde cada fuerza imprime y distribuye sus propias listas, lo que le da enorme poder logístico a los aparatos territoriales—, la BUP centraliza la impresión en el Estado, elimina el “robo de boletas” y le quita a los punteros el control sobre qué papeleta llega a qué mesa.

La presidente de La Libertad Avanza, Karina Milei, ya instruyó a los referentes de La Libertad Avanza en cada provincia para que presionen en las legislaturas locales para adoptar la BUP. El incentivo que ofrece el Gobierno es la modalidad de elecciones concurrentes: si una provincia adopta la boleta única, puede sumar sus listas locales al comicio nacional sin necesidad de desdoblar, lo que reduce costos y simplifica la logística. Si no lo hace, tendrá que financiar y organizar dos elecciones distintas.

¿Por qué esta reforma es la llave del armado electoral con los gobernadores?

Cada uno de los puntos de la reforma política tiene una lectura en clave de negociación territorial que va mucho más allá de su contenido técnico. Sin PASO, el Gobierno decide en una mesa quién va con el sello violeta en cada provincia, lo que convierte ese espacio en moneda de cambio: un gobernador que quiera que La Libertad Avanza no le presente un candidato propio tendrá que sentarse a negociar. Con la BUP extendida a las provincias, los aparatos peronistas pierden uno de sus principales activos operativos. Con el financiamiento al estilo americano, las fuerzas con mayor acceso al mundo empresarial —entre las que el oficialismo se cuenta— parten con ventaja.

El otro eje de presión es el desdoblamiento. Hoy, un gobernador que quiera protegerse de un eventual desgaste del Gobierno nacional puede anticipar sus elecciones provinciales a la primavera o el verano, desenganchándolas del calendario nacional. La reforma busca desincentivar esa práctica: si hay elecciones concurrentes con boleta única, desdoblar implica un costo logístico y político mayor. El mensaje es claro: la reforma política no es solo una agenda de modernización institucional. Es, ante todo, el reglamento que el Gobierno quiere imponer antes de que empiece el partido electoral del 2027.