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Un peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional concluyó que no fue posible determinar la autenticidad de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en el organismo.
El estudio tampoco permitió establecer técnicamente que las voces de las grabaciones correspondieran a las personas imputadas. Los especialistas señalaron además que los archivos presentaban cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas, además de características compatibles con una regrabación, lo que impidió arribar a una conclusión definitiva sobre su origen.
Qué encontró Gendarmería en los audios de Spagnuolo
De acuerdo con el informe, algunos de los archivos analizados presentaban características compatibles con una “transferencia acústica”, es decir, un proceso de regrabación del material. También se detectaron discontinuidades abruptas e inconsistencias que no serían compatibles con un registro continuo.
Según los peritos, esas características podrían corresponder a intervenciones, cortes o procesos de edición posteriores a la grabación original. El estudio tampoco pudo descartar que el material hubiera sido manipulado mediante herramientas de inteligencia artificial, incluso para alterar o generar voces.
Pero el informe no establece que los audios hayan sido falsificados. La conclusión técnica es más acotada: con el material disponible no se pudo validar su autenticidad ni atribuir las voces a los imputados. La diferencia es relevante porque una pericia que no puede confirmar el origen de un archivo no equivale, por sí sola, a demostrar que ese archivo fue creado artificialmente.
Otro de los puntos centrales del estudio fue la cadena de custodia. Los especialistas señalaron que se había interrumpido antes de que los archivos llegaran a la instancia pericial, por lo que no pudieron garantizar que el material analizado fuera idéntico al que había sido obtenido originalmente y que no hubiera sufrido modificaciones durante su circulación.
Qué pasa ahora con la causa ANDIS
El resultado de la pericia afecta directamente el valor probatorio de las grabaciones, pero no implica por sí mismo el cierre de la investigación. La causa continúa bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo y los procesamientos dictados en el expediente abarcan distintos tramos de las presuntas maniobras investigadas.
En septiembre, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Spagnuolo y otros acusados por el tramo vinculado con contrataciones de medicamentos; en octubre, Lijo amplió los procesamientos en otra investigación relacionada con la adquisición de insumos.
Cómo comenzó la investigación por los audios
Las grabaciones comenzaron a difundirse públicamente en agosto de 2025. En los registros, cuya voz fue atribuida a Spagnuolo, se describía un supuesto esquema de cobro de sobornos a prestadores y droguerías vinculados con la compra de medicamentos de la ANDIS. El origen de los audios fue cuestionado desde el inicio.
Uno de los fragmentos difundidos mencionaba a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del presidente Javier Milei, como presunta destinataria de parte de esos fondos. Esa afirmación formó parte del contenido de las grabaciones y no constituye, por sí misma, una prueba de que los hechos hayan ocurrido. Karina Milei no fue imputada en la causa.
La defensa de Spagnuolo cuestionó la autenticidad de las grabaciones y sostuvo que podían haber sido editadas o manipuladas mediante inteligencia artificial. Incluso presentó un peritaje privado que, según la defensa, había detectado microcortes y elementos compatibles con el uso de IA. La pericia oficial de Gendarmería, en cambio, no confirmó que los audios fueran generados o alterados con esa tecnología, aunque tampoco pudo descartarlo.
Por eso, el informe deja sin validación técnica definitiva las grabaciones que dispararon públicamente el escándalo, pero no establece que hayan sido falsificadas ni que los hechos denunciados en ellas sean inexistentes. La Justicia deberá determinar qué valor probatorio corresponde asignar a los audios y cómo se relacionan con las restantes evidencias incorporadas al expediente.