

El vocero presidencial Manuel Adorni dio su primera conferencia de prensa del año, donde anunció un paquete de medidas que enviará el Gobierno al Congreso con el fin de avanzar en una reforma estructural.
Entre las medidas, anunció cambios que se aplicarán sobre las Leyes de Discapacidad y Educación Superior, lo que dejará a un porcentaje de beneficiarios sin percibir aumentos en su prestación social.
Cambian las pensiones por discapacidad
El Gobierno anticipó que se modificarán las leyes de discapacidad y educación superior que fueron aprobadas en 2025 en el Congreso de la Nación.
“El Gobierno anterior nos dejo un estado fundido sin condiciones para hacerle frente a la montaña de salarios públicos y a las prestaciones sociales que tanto dicen defender”, denunció Adorni, en conferencia de prensa.
En esta línea, sostuvo que las leyes mencionadas vienen a traer una misma lógica de “repartir plata que no hay y forzarnos a emitir”. “Nos conducen a fundirnos solo en la pobreza”, apuntó.
Por tales motivos, el Jefe de Gabinete de Ministros anticipó que “van a dar aumentos solo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regalo un certificado”.
Conversión con auditoría: ¿quiénes serán revisados?
El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de conversación de oficio de todas las pensiones no contributivas (PNC) por discapacidad otorgadas antes de septiembre de 2025.
La medida, publicada en el Boletín Oficial, implica no solo un cambio de registro, sino una instancia de verificación y auditoría sobre miles de beneficiarios.
El nuevo esquema responde a la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad (N° 27.793). A partir de ahora, las prestaciones pasarán a denominarse Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social.
El proceso de conversión de oficio alcanza a todas las pensiones otorgadas por la antigua ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) antes del 22 de septiembre de 2025.
Puntos clave de la medida:
- Verificación de requisitos: la autoridad de aplicación revisará “el cumplimiento actual de los requisitos vigentes al momento del otorgamiento”. Es decir, habrá un cruce de datos para confirmar si los beneficiarios aún califican para la pensión.
- Continuidad del pago: para llevar tranquilidad a los beneficiarios, la resolución aclara que, mientras dure el proceso de verificación y hasta que se dicte el acto administrativo de conversión, los titulares “continuarán percibiendo el pago del beneficio previamente otorgado”.
- Actualización de datos: el Gobierno subrayó la necesidad de contar con datos de contacto y registrales actualizados para “fortalecer la trazabilidad de las acciones estatales” y reducir el riesgo de fraude o errores administrativos.













