Fuente: Archivo
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El Gobierno envió una ley ómnibus que incluye, entre muchos y variados temas, la eliminación de la fórmula de movilidad para actualizar las jubilaciones y pensiones. En ese marco, mientras dure el debate legislativo -que promete ser arduo y largo- seguirá rigiendo el esquema de actualización trimestral actual que, por el rezago en el ajuste de las jubilaciones, implicará una pérdida contra la inflación.
En ese contexto, fuentes oficiales aseguraron que se mantendrán los bonos para compensar el atraso en la fórmula vigente. El bono de diciembre, de esta forma, de $ 55.000 se extendería a enero y febrero. Los bonos, se analiza, que no se restrinjan solamente a quienes cobran la mínima, como hasta ahora, ya que la inflación mensual corre al ritmo del 30%.
Y si se aprueba la ley en la que se deroga la movilidad, los aumentos serán discrecionales pero "atados a la inflación" hasta que se apruebe una nueva fórmula. Así podría transcurrir el primer año, por lo que lleva el armado y debate de un proyecto.
Aumentos de jubilaciones mensuales y por inflación
El proyecto señala que una vez derogada la movilidad, las actualizaciones serían discrecionales y lo que se evalúa es que puedan ser mensuales, vinculadas a la suba del índice de precios al consumidor (IPC) y para todas las prestaciones que ajustan bajo el esquema actual.
La estrategia oficial es intentar exponer a los que "no quieren tratar la ley", a quienes marcan como "responsables" de que los jubilados puedan perder ingresos por la demora. Sin embargo, no hay una explicación sobre por qué un tema de tanta sensibilidad como los haberes queda atado a una ley ómnibus que va desde la toda de los jueces al divorcio exprés a la posibilidad de endeudarse sin techo.
El plan para recaudar
En el Ejecutivo defienden el proyecto que llegó al Congreso y aseguran que muchos de los ítems apuntan a ampliar la base de recaudación -como el blanqueo-. "No se puede arrancar bajando impuestos", justifican, también para el caso de las subas de retenciones, donde estiman que son sectores que se beneficiaron antes con tipos de cambio diferenciales.
En ese marco, los datos que presentó Luis Caputo en el arranque de su gestión para el plan de ajuste fiscal del 5% del PBI, rigen tanto el DNU que entra en vigencia este viernes como la pata fiscal del proyecto. Al blanqueo se suman los cambios en Bienes Personales y el proyecto de Ganancias, que no ingresó en este paquete pero que, aseguran, sigue vigente y llegará al Congreso.
El 80% de ese ajuste se puede realizar sin que pase por el Congreso, sostienen en el Ejecutivo. En ese sentido, la relación con el FMI a base de una propuesta de sobrecumplimiento de metas, "es muy buena", aseguran.
El diálogo con el organismo busca avanzar en la negociación de fondos, un préstamo, para reforzar las reservas del Banco Central en el medio de la discusión por metas para reactivar el programa de Facilidades Extendidas, que se mantendrá. En el mientras tanto, Caputo negó en la ex Twitter que se busquen fondos frescos por u$s 15.000 millones y el megaproyecto, si bien deroga el techo para tomar deuda, mantiene que para ampliar deuda con el FMI se deba recurrir al Congreso.
Bonos del FGS de Anses
En términos de deuda, la ley busca consolidar la deuda pública y en ese capítulo plantea que los bonos del FGS, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses, pasen a estar bajo la órbita del Tesoro.
La medida, se aclara, apunta a la deuda intra sector público y no compete a las acciones de las empresas privadas que están dentro del FGS y que le otorgan al Estado una silla en los directorios.
El planteo es "terminar con la deuda intrasector público" que para el Gobierno no es más que una "mentira contable que engrosa números fiscales y genera corrupción". El 70% de los bonos en el Fondo de Garantía son títulos públicos, sostienen.
