La Cámara Federal porteña apartó ayer al juez federal Claudio Bonadio de la causa "Hotesur", en la que se investiga a Cristina Fernández de Kirchner, a su hijo Máximo Kirchner, y a otros integrantes de la familia presidencial, por presunto lavado de dinero en sus emprendimientos hoteleros en Santa Cruz. El fallo de los camaristas fue dividido, ya que Eduardo Freiler y Jorge Ballestero decidieron excluir a Bonadio del expediente, y su par, Eduardo Farah, opinó que el magistrado debía continuar. Hoy se sorteará al nuevo juez y, además, la diputada Margarita Stolbizer, quien radicó la denuncia original, apelará la decisión.


El fallo se sustentó en un pedido de nulidad que habían realizado las defensas de Romina Mercado, presidenta de Hotesur y sobrina de Cristina y Néstor Kirchner, y Lázaro Báez, empresario ligado al oficialismo e investigado por corrupción. Según consideraron Freiler y Ballestero, el juez cometió anomalías y violó las garantías de defensa de los acusados.


En el escrito, a Bonadio se lo cuestionó con dureza por haber dilatado la causa. "No es esta la primera oportunidad en la que advierto una irregularidad en el trámite de este proceso", sostuvo Freiler en su voto. Ballestero, en tanto, señaló que "tras compulsar el legajo principal, advierto la ausencia de algún informe o declaración testimonial a través de la cual se haya incorporado al proceso el resultado de la colaboración brindada por los expertos". Por su parte, Farah votó en disidencia por considerar que "no es este el ámbito para analizar ni expedirse respecto de los cuestionamientos de las partes".


Tanto Mercado como Báez habían criticado que Bonadio "convocara a peritos contadores de la Corte Suprema para que colaboraran con la investigación de la causa sin llamar formalmente a una pericia contable". Adujeron, en esa línea, que esas decisiones del juez les impidieron controlar la causa y por lo tanto violaron el derecho de defensa.


El juez que reemplazará a Bonadio será sorteado hoy por la Cámara y son seis los magistrados de primera instancia con chances para quedarse con la causa: María Servini de Cubría, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Daniel Rafecas, Norberto Oyarbide y Rodolfo Canicoba Corral. Todos ellos manejan, o han llevado adelante, expedientes sensibles para el kirchnerismo.


La decisión fue tomada tres días después de que Bonadio realizó 30 operativos en el sur del país en busca de información contable, por ejemplo, en Austral Construcciones, la empresa de Báez; la inmobiliaria de Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice en Río Gallegos y los hoteles de la familia presidencial.