¿Por qué los precios siguen siendo altos? ¿Únicamente los supermercados son quienes tienen incidencia en el costo final de los productos? ¿O también las industrias locales? ¿Qué hay detrás de los productos que vemos en las góndolas?
Esas son algunas de las preguntas que podría hacerse un argentino promedio, aunque ninguna de ellas permite, por sí sola, llegar al eje del problema. El debate se posiciona en otra vereda, en lo que muchos denominan la “ineficiencia del esquema tributario”.
Hace pocas semanas, una decisión que tomó el municipio de Pilar generó rechazo en la sociedad, al punto tal que el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió a los pilarenses que “no avalen el accionar irresponsable de su intendente”.
¿Qué ocurrió? El intendente Federico Achával introdujo un cambio impositivo en la Ordenanza Fiscal 2026: aplicó un incremento sobre la Tasa de Protección Ambiental, cuya alícuota pasó a ser del 2% y comenzó a impactar -desde el 1° de diciembre- en las compras realizadas en los grandes supermercados del municipio.
La medida no solo generó malestar entre los pilarenses y críticas por parte del gobierno de Javier Milei, sino que también abrió un debate más amplio: ¿qué hay detrás del precio final de los alimentos que consumimos diariamente?
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) intentó acercar una respuesta. Según un reciente informe publicado por la organización que dirige el economista Nadin Argañaraz, la carga tributaria sobre un alimento se ubica entre el 42% y 43% del precio final. El resto corresponde a costos y rentabilidad (58%).
La estimación partió desde el nivel industrial y, además, utilizó una cadena comercial que comprende dos eslabones: un distribuidor mayorista y un comercio minorista, sumado un eslabón previo constituido por el proveedor de insumos al sector industrial.
Por ejemplo, en el caso de la venta en comercios minoristas pequeños, la carga tributaria promedio sobre el precio final de un alimento, en las principales ciudades del país, alcanza el 42%. En términos impositivos, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es el tributo con mayor incidencia (17,4%), seguido por los aportes a la Seguridad Social (9,4%), el impuesto a los Ingresos Brutos (7,6%), el impuesto a las Ganancias (4,4%), el Impuesto al Cheque (1,9%) y la Tasa de Seguridad e Higiene (1,5%).
Bajo una mirada estricta, es posible afirmar que el IVA representa el 41% de la carga tributaria promedio sobre el costo final de un producto.
Ahora bien, ¿qué sucede en los comercios minoristas grandes? Allí, la carga tributaria promedio sobre el precio final de un alimento es apenas superior al caso anterior, alcanzando el 43%. En ese caso, el IVA también es el tributo de mayor incidencia (17,4%), seguido por los aportes a la Seguridad Social (9,4%), el impuesto a los Ingresos Brutos (7,8%), el impuesto a las Ganancias (4,4%), la Tasa de Seguridad e Higiene (2,2%) y el Impuesto al Cheque (1,9%).
“En efecto, surge un aumento de la importancia relativa de Ingresos brutos y TISH respecto al caso anterior y un descenso de la participación del resto de tributos”, resalta el informe del Iaraf.
La lucha del Gobierno por lograr la “transparencia fiscal” en todo el país
Una de las batallas que asumió el Gobierno fue la de impulsar un Régimen de Transparencia Fiscal. El objetivo de esta iniciativa consistía en “obligar” a las provincias y los municipios a mostrar cuáles son los impuestos que pagan los contribuyentes.
No obstante, el régimen, aprobado en 2024 en medio del debate de la Ley Bases, incluyó únicamente a los impuestos nacionales.
“Todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios”, señala un fragmento de la normativa.
Si bien el Ejecutivo invitó a las jurisdicciones a adherirse a este esquema, la realidad muestra que solo tres provincias lo hicieron: solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos cumplieron con el pedido de Nación.
Por ese motivo, Lógica, una ONG dedicada a la concientización fiscal, lanzó una campaña contra la suba de costos sin su correspondiente visibilización en los tickets.
Desde la asociación sin fines de lucro proponen la “Rebelión del Ticket”, una iniciativa destinada a que los comercios muestren de forma voluntaria en los comprobantes de compra el impuesto a los Ingresos Brutos y las tasas municipales, independientemente de si la provincia adhirió o no al Régimen de Transparencia Fiscal, o aun si lo hizo, sin esperar su reglamentación.
“A un año y medio, solo Chubut, Mendoza y Entre Ríos se han adherido, estando pendiente su reglamentación. Salta, Córdoba y CABA están en proceso. Los otros dieciocho gobernadores guardan un inaceptable silencio. Según Lógica, la adhesión es obligatoria por el mandato constitucional de dar ’información adecuada y veraz’ al consumidor”, detallaron.
Según citaron desde Lógica, si los supermercados visibilizaran voluntariamente en los tickets los tributos provinciales y municipales, en Pilar, por ejemplo, se informaría el porcentaje e importe para Ingresos Brutos (5%), la Tasa de Seguridad e Higiene (4,5%) y la Tasa de Protección Ambiental (2%).
