Luego de los vencimientos de las declaraciones juradas personales y corporativas del impuesto a las ganancias del mes de mayo pasado, la recaudación tributaria nacional, en términos comparativos nominales, muestra un crecimiento interanual de alrededor del 35% (superior, incluso, a lo presupuestado).

Como toda noticia, no es buena ni mala en sí misma y todo depende, por supuesto, del lado que se la mire. Tampoco las cifras publicadas permiten abrir juicio de valor sobre el nivel de eficiencia de la Administración Tributaria, pero claro está que gran parte de esa recaudación fluye por la propia acción de los privados (que deben correr con los costos y los riesgos de la tercerización compulsiva que implica ser agentes de retención, percepción y/o información, sin que se les reconozca un ápice por ello).

Es del caso también señalar que la tendencia alcista que se observa, reafirma la alta presión tributaria que viene recayendo sobre la población en su conjunto (situada casi en el doble de hace 10 años atrás), modelada sobre una estructura impositiva de claro sesgo regresivo.

Nada hace pensar que el 2014 termine de manera diferente. Por el contrario, el efecto devaluatorio de principios de año agudizó esta problemática, y entran a tallar las falencias propias de un sistema tributario que revela poca capacidad, como herramienta de política fiscal, para propender a corregir efectos indeseados de la economía. En otras palabras, la necesidad recaudatoria creciente ha limitado seriamente su campo de acción, y en última instancia podría reconocérsele una capacidad circunstancial mayor de daño (sirvan de ejemplo las medidas sobre el sector automotriz de principios de año), que posibilidades reales de constituirse en una alternativa de cambio para sumar a la estabilidad y desarrollo.

Complementa esta idea la inexistencia de proyectos verdaderamente trascendentes que pudieran hacer prever un horizonte distinto. Por el contrario, bajo el ropaje de la reciente ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral (26.940), se prevén gravísimas sanciones que no sólo pueden afectar muy seriamente la imagen de las grandes empresas (se ha creado un registro de incumplidores laborales REPSAL, de acceso público y generalizado), sino también incrementar su costo fiscal por el lado del impuesto a las ganancias, con medidas tales como la imposibilidad de deducir sus gastos de sueldos y cargas sociales, mientras perduren en dicho registro. Recurriendo a las propias estadísticas del Fisco, el 50% de la masa salarial total del país queda en cabeza de algo menos de 1.400 empleadores. Ello es suficientemente elocuente como para dimensionar por sí sólo la verdadera importancia del tema y poder pronosticar por dónde pasarán las preocupaciones del Fisco y los contribuyentes en los meses venideros.