La decisión de un tribunal de apelaciones de Estados Unidos concedió el viernes la solicitud de Argentina de suspender temporalmente la orden judicial que le exigía ceder su participación del 51% en la petrolera YPF.

En efecto, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos en Manhattan suspendió la orden de ceder dicha participación del 30 de junio de la jueza Loretta Preska (sucesora del famoso Juez Griesa), mientras Argentina apela por separado la sentencia de 16.100 millones de dólares, que Preska otorgó en septiembre de 2023 a Petersen Energia Inversora y Eton Park Capital Management.

La orden del viernes ofrece un respiro al gobierno del presidente argentino Javier Milei, que advirtió sobre daños irreparables e inestabilidad económica si cedía su participación en YPF, la mayor empresa energética del país y le permite a la Argentina ofrecer otros bienes en garantía del cumplimiento de la sentencia. La orden del viernes no especificó los motivos de la suspensión, que debería durar al menos unos meses. La próxima presentación legal de Argentina relacionada con YPF está prevista para el 25 de septiembre, según consta en los registros judiciales.

Todo comenzó con la decisión Argentina del año 2012 de estatizar la participación de la española Repsol en YPF, sin presentar una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios. Argentina había argumentado que las acciones de YPF estaban exentas de hacer dicha oferta en virtud de la Ley Federal de inmunidades Soberanas Extranjeras.

El gobierno estadounidense apoyó la moción de Argentina, argumentando que la resolución de la disputa no debía apresurarse y que podría interferir en las relaciones entre ambos países. Los abogados de los inversores argumentaron que la inmunidad no se aplicaba cuando el estado realizaba una actividad comercial, en cuyo caso se justificaba una decisión en favor de los demandantes. El gobierno argentino acogió con satisfacción la orden del viernes y confía en que la indemnización por daños y perjuicios de 16.100 millones de dólares también sería revocada.

La suspensión en la ejecución de la obligación de Argentina de transferir su participación del 51% en YPF para cumplir una sentencia de 16.100 millones de dólares ha generado un conflicto entre el precedente legal y la soberanía nacional. Esta disputa, originada en la estatización de YPF por parte de Argentina en el año 2012, amenaza ahora a la frágil economía del país, a la vez que ofrece a los inversores una oportunidad excepcional de inversión en acciones energéticas a un valor bajo de mercado.

Argentina argumenta que tomar el control de YPF viola el derecho internacional y sienta un precedente peligroso. Sin embargo, los tribunales estadounidenses consideran a las operaciones de YPF como actividades comerciales que no caen bajo la protección de la inmunidad soberana.

Lo que está en juego es crucial para Argentina. Si se ve obligado a ceder su participación en YPF, el gobierno corre el riesgo de perder el control del desarrollo del yacimiento de Vaca Muerta por parte de YPF, que representa el 60% de la producción petrolera del país. Este activo es crucial para los esfuerzos de Argentina por reducir las importaciones de energía y estabilizar su balanza de pagos.

La economía argentina ya se encuentra en crisis. Con una inflación superior al 100%, una deuda pública de 440.000 millones de dólares y la disminución de las reservas internacionales, la pérdida de los ingresos de YPF podría desencadenar una crisis. El gobierno del presidente Milei ha considerado la orden judicial como un ataque a la soberanía nacional, y podría obligar a Argentina a elegir entre honrar sus deudas o arriesgarse a un "default".

Si los tribunales estadounidenses prevalecen, otros países podrían enfrentar desafíos similares al expropiar activos, un riesgo que podría disuadir la inversión extranjera a nivel mundial. Para los inversores, esta incertidumbre crea en cambio una oportunidad: cuanto mayor es la tensión geopolítica, mayor es el descuento en las acciones de YPF.

Las acciones de YPF cotizan con un descuento considerable frente a sus pares. Sin embargo, el desempeño operativo de YPF revela que sus proyectos de Vaca Muerta están en camino de aumentar la producción de crudo en un 15% este año, y posee el 40% de las reservas de "shale" de América Latina. Si Argentina resuelve la disputa negociando un acuerdo, como transferencias parciales de participación o canjes de deuda por capital, la acción podría repuntar considerablemente. Y a futuro una inversión en activos energéticos es una inversión segura.

Por ello, un aumento en la producción de Vaca Muerta también podría impulsar la valoración de YPF aun en medio de la incertidumbre legal. Ahora bien, si el tribunal ordena la transferencia de las acciones de YPF, estas podrían caer a medida que el control pase a manos extranjeras. Un cambio de signo político en Argentina también podría provocar aún más nacionalizaciones, lo que empeoraría la confianza de los inversores.

Esta es una apuesta arriesgada y de alto rendimiento sobre la capacidad de Argentina para sortear sus crisis legales y económicas y un desafío a los inversores. La valoración actual de YPF ofrece una oportunidad única para los inversores dispuestos a apostar por una decisión que restablezca la confianza.

Como se recordará la disputa se originó en la estatización de YPF por parte de Argentina en el año 2012, perteneciente a la española Repsol, una medida que desencadenó una batalla legal que duró una década. El fallo de junio de 2025 de la jueza federal de distrito Loretta Preska, que permitió la ejecución de la sentencia en virtud de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA), se basó en el argumento de que las actividades comerciales de Argentina en EE. UU. (incluida la cotización de YPF en la Bolsa de Nueva York y la deuda denominada en dólares) le quitaban inmunidad soberana. Sin embargo, la suspensión del Segundo Circuito dictada el viernes pasado, respaldada por el Departamento de Justicia de EE. UU., pone de relieve la creciente tensión entre los tribunales estadounidenses y la diplomacia del poder ejecutivo de Estados Unidos.

La excepción de "actividad comercial" de la FSIA se ha convertido en un arma de doble filo para los gobiernos de los mercados emergentes, permitiendo a los inversores extranjeros presentar demandas y exponiendo a los gobiernos soberanos a represalias legales y políticas. Para Argentina, lo que está en juego es crucial: perder el control de YPF no solo desestabilizaría su economía, sino que también socavaría su capacidad para aprovechar la explotación de Vaca Muerta, un activo clave en su búsqueda de la independencia energética.

El papel de YPF en el sector energético argentino es innegable. Las operaciones de la compañía en Vaca Muerta, una de las mayores reservas de shale del mundo, son cruciales para la ambición de Argentina de convertirse en un exportador neto de energía. Sin embargo, la incertidumbre jurídica ya ha tenido consecuencias. Las acciones de YPF, que cotizan en la Bolsa de Nueva York, se desplomaron tras el fallo inicial de la jueza Preska, lo que refleja la ansiedad de los inversores por la posible inestabilidad política del gobierno de Milei, lo que indica un mayor riesgo soberano. Pero por otro lado la decisión del Fondo Monetario de apoyar el plan económico del Gobierno minimiza dicho impacto.

Esta tendencia plantea preguntas cruciales para los inversores. ¿Cómo equilibrarán los tribunales los derechos de los inversores extranjeros con la soberanía de los gobiernos de los mercados emergentes? ¿Qué salvaguardas existen para evitar la extralimitación judicial en casos que involucran activos estratégicos? La respuesta reside en la evolución de la interpretación de la FSIA y el precedente que sienten las futuras sentencias. Si la Corte Suprema finalmente se pronuncia, su decisión podría redefinir los límites de la inmunidad soberana durante décadas.

A medida que avanza el proceso de apelación, una cosa es segura: el resultado sentará un precedente que repercutirá mucho más allá de las fronteras argentinas. En una era de creciente xenofobia y nacionalismo de los recursos, la capacidad de gestionar casos de inmunidad soberana será una habilidad decisiva para los inversores en energía. El caso de YPF es un claro recordatorio de que, en los mercados emergentes, la línea entre la oportunidad y el riesgo a menudo se traza en los tribunales.

Si bien el apoyo del poder ejecutivo de Estados Unidos es importante nada puede hacer con respecto al poder judicial. Por lo que se impone que las autoridades de provinciales busquen soluciones alternativas que protejan los yacimientos de shale de Vaca Muerta a través de concesiones a terceras compañías independientes de YPF. Las razones son varias:

  • Vaca Muerta es fundamental para los planes económicos, la obtención de divisas, la seguridad energética y la estabilización económica.
  • Cualquier alteración del control de YPF, especialmente las transferencias forzadas de acciones, podría desestabilizar gravemente la inversión, los planes de producción y la confianza del mercado.
  • La decisión del 30 de junio de 2025 de la jueza federal de distrito Loretta Preska que ordenó a Argentina transferir su participación del 51% en YPF como pago parcial de una sentencia de 16.100 millones de dólares esta firme aunque este suspendida su ejecucion. Las participaciones se transferirián a una cuenta de custodia global (Bank of New York Mellon).
  • Argentina apeló de inmediato el fallo, alegando el potencial de "daño irreparable" a los activos estratégicos nacionales y argumentando la necesidad de la aprobación del Congreso según la legislación argentina. Pero se duda en el mercado jurídico de Estados Unidos sobre las chances de éxito de la misma, a pesar de que el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó un "amicus curiae" oponiéndose a la aplicación de la sentencia, advirtiendo de las implicaciones diplomáticas y legales.
  • Los críticos locales, especialmente políticos de provincias productoras de petróleo como Chubut, argumentan que el embargo afecta injustamente a las acciones provinciales distribuidas en virtud de un acuerdo de 2012 y planean solicitar el levantamiento del congelamiento, argumentando que esas acciones no forman parte de la demanda.
  • Mientras tanto, en EE. UU., grupos de acreedores, incluyendo Burford Capital y Eton Park, presionan para obtener pleno acceso a los activos argentinos, iniciando procesos para identificar activos embargables, como los fondos vinculados a Vaca Muerta, las reservas del Banco Central o incluso las empresas estatales.
  • En este sentido vale la pena mencionar que los activos de shale (los hidrocarburos de Vaca Muerta) no son propiedad de YPF S.A.. Son concesiones otorgadas por las provincias (ya que la reforma constitucional argentina de 1994 otorgó la propiedad de los recursos naturales a las provincias).

El núcleo de este conflicto reside en la postura de Argentina de inmunidad soberana bajo la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de Estados Unidos. Argentina argumenta que tomar el control de YPF viola el derecho internacional y sienta un precedente peligroso. Sin embargo, los tribunales estadounidenses consideran las operaciones de YPF como actividades comerciales no protegidas por la inmunidad soberana.

Las acciones de YPF cotizan con un descuento considerable frente a sus pares. Pero el desempeño operativo de YPF revela una historia diferente: sus proyectos de Vaca Muerta están en camino de aumentar la producción de crudo en un 15% este año, y posee el 40% de las reservas de shale de América Latina.

La discrepancia entre los fundamentos legales y el precio crea una oportunidad de arbitraje. Si Argentina resuelve la disputa negociando un acuerdo como transferencias parciales de participación o canjes de deuda por capital, la acción podría repuntar considerablemente. Incluso una suspensión temporal de la ejecución, como la prórroga del 17 de julio, podría generar un aumento del 20% al 30% a medida que se disipe la incertidumbre.

Una decisión a principios de 2026 podría determinar si procede la transferencia de la participación en YPF. Un aumento en la producción de Vaca Muerta podría impulsar la valoración de YPF aun en medio de la incertidumbre legal.

Si el tribunal de Estados Unidos ordena la transferencia, las acciones de YPF podrían caer aún más a medida que el control pase a manos extranjeras. Un cambio político en Argentina podría provocar aún más nacionalizaciones, lo que empeoraría la confianza de los inversores.

YPF posee derechos de operación y concesiones en Vaca Muerta bajo la legislación provincial. Estos derechos no son necesariamente los mismos que las acciones de YPF S.A., a las que se refería la jueza Preska. En teoría, las provincias argentinas podrían transferir esas concesiones a un tercero:

Las provincias de Neuquén, Mendoza y Río Negro controlan el marco legal de las concesiones.

Argentina podría, en principio, transferir las concesiones de YPF a nuevas entidades (empresas provinciales, empresas mixtas o fideicomisos estatales). Esto podría dificultar que los acreedores ejerzan sus derechos, pero no eliminaría el riesgo.

Todo un desafío en medio de las elecciones en Argentina y un cambio importante en las relaciones geopolíticas a nivel mundial. ¿Podrá Argentina en esta coyuntura preservar Vaca Muerta, uno de sus más valiosos activos?