Constituye un enorme logro haber equilibrado las cuentas públicas después de más de medio siglo de crónicos déficits fiscales. Aún más importante es que la estrategia fue convalidada y avalada a través del voto de la gente en las elecciones. Se trata de un hecho inédito que pone un ingrediente novedoso y es el principal sostén del programa económico y de las expectativas favorables respecto a que esta vez la Argentina no desaprovechará la oportunidad para salir de la larga decadencia.
Sin subestimar la enorme trascendencia de este cambio, es pertinente asumir que el esquema fiscal es endeble. Una evidencia de precariedad es que depende, en gran medida, de aplicar impuestos extremadamente distorsivos que dañan la competitividad de la producción nacional.
También, que el control sobre el gasto por ahora se sostiene gracias a la postergación de erogaciones que, por ejemplo, lleva a juicios contra el Estado o a un insostenible deterioro de la infraestructura pública. Pero probablemente la faceta más preocupante es la frecuencia con la que en el Congreso aparecen, avanzan y prosperan, iniciativas que expanden gastos o bajas de ingresos públicos.
Con márgenes fiscales muy estrechos y sin acceso al financiamiento cada proyecto de ley que opera en contra del equilibrio fiscal es percibido como desestabilizante. Probablemente sea uno de los principales factores que explica la paradoja de que la Argentina mantenga niveles de riesgo país mucho más altos que países con indicadores de deuda pública y situación fiscal mucho más endeble.
El ejemplo más reciente se dio con el tratamiento legislativo del presupuesto para 2026. Su procesamiento en la Cámara de Diputados se vio seriamente complicado por la insistencia del Poder Ejecutivo en incluir como parte de su articulado la derogación de las leyes sobre financiamiento de las universidades y discapacidad, cuyo veto ya había sido rechazado por el Congreso.
¿Todo es cuestión de leyes?
El tema discapacidad es un ejemplo muy ilustrativo de que hay una exagerada ponderación a la importancia de las leyes que impulsa el Congreso y una subestimación de lo mucho que se puede hacer desde la gestión pública para preservar la solvencia fiscal y, simultáneamente, mejorar la calidad de los servicios a cargo del Estado.
Es cierto que el proyecto que declara la emergencia en materia de discapacidad, que finalmente terminó en ley, aun superando el veto del Ejecutivo, es muy deficiente ya que se integra por un empalagoso enunciado de buenas intenciones sin contemplar herramientas consistentes.
Pero en la ambigüedad de sus disposiciones radica su menor trascendencia. Al no tener directrices concretas y precisas, su impacto financiero depende de cómo se reglamente e instrumente. Según la estrategia que adopte el Ejecutivo en su aplicación, serán sus consecuencias presupuestarias. No es exagerado afirmar que la mayor parte de los daños que podría provocar la ley sobre las cuentas públicas se pueden evitar con decisiones del Ejecutivo. Es tan negativo legislar de esa manera, como exagerar los impactos fiscales de sus disposiciones.
Un hecho casual muestra hasta qué punto la gestión pública es importante. Mientras el tema de la discapacidad estaba poniendo en riesgo la sanción del presupuesto, desde el gobierno se comunicó que había detectado entre los beneficiarios con Certificado Único de Discapacidad (CUT) casi 180 mil personas fallecidas. Se trata de una evidencia muy contundente de las enormes oportunidades que existen para reducir gastos poniendo más atención a la gestión pública. Con algo tan simple como cruzar la información del padrón de CUT con las de los registros civiles se evitaron muchas erogaciones espurias.
Los indicios de irregularidades son tan explícitos que cabe esperar que profundizando el trabajo con mecanismos de monitoreo más refinados se puedan lograr reducciones del gasto público sustanciales. Pero para hacerlo se necesita mejorar la calidad de la gestión pública.
El enviar notificaciones para que los discapacitados se presenten a una revisión médica bajo el apercibimiento de dar de baja el beneficio, como hizo la ANDIS, es un instrumento extremadamente rudimentario y poco empático.
Algo un poco más sofisticado, pero no imposible, es desplegar un plan de visitas a los beneficiarios, seleccionados con criterios estratégicos. Esto no solo permitirá detectar beneficios irregulares sino relevar información valiosa sobre la situación de los discapacitados.
En este contexto, la disolución de la ANDIS es más un acto de impotencia ante la acumulación de errores de gestión que una solución a los desafíos que plantea administrar las prestaciones a las personas con discapacidad.
Es imperioso asumir que el descuido en la gestión pública tiene enormes costos y riesgos. El gasto público muchas veces depende menos de las leyes que de la forma en que estas son llevadas a la práctica. De cara al objetivo de cuidar el equilibrio fiscal, tener equipos de gestión bien preparados y compenetrados con planes de trabajo consistentes y ejecutables a lo largo del tiempo en muchos casos es más importante que vetar una ley.
Lecciones para el 2026
Mejorar la gestión política para evitar que malos proyectos de ley avancen dentro del Congreso es muy importante. Pero también es muy relevante, y seguramente más desafiante, poner más cuidado y dedicación en la calidad de la gestión pública. No solo como factor que contribuye al equilibrio fiscal sino como una manera de aumentar la productividad del Estado.
Por más que se achique, el Estado sigue administrando una enorme masa de recursos y tiene a cargo servicios muy importantes para la calidad de vida de la gente y para la competitividad de la economía. Seguir improvisando en su administración mientras se exageran los perjuicios que provocan algunas malas leyes que aprueba el Congreso es seguir poniendo trabas al desarrollo.