La cuarentena obligatoria, cuyo éxito es que la cantidad de contagiados y de muertos por el coronavirus en la Argentina refleja un número muy inferior al de países como Italia o España, a donde la pandemia los tomó por sorpresa, o estados que desafiaron al virus y no aplicaron medidas de aislamiento social como Estados Unidos o Brasil, no tendrá costo cero.

El gobierno de Alberto Fernández siempre fue consciente de ese punto. Sabía que en un país que venía golpeado y se encaminaba a una dura renegociación de la deuda, la economía se iba a complicar.

Con más de un mes de cuarentena los resultados del impacto en la economía comenzaron a registrarse en números. Caída estrepitosa de la recaudación, menores ventas en pymes, empresas paradas, falta de stocks. Todo un combo para que los empresarios le presenten o presionen al Gobierno para buscar una reapertura de las plantas lo antes posible. Por eso llamó la atención que en la reunión que mantuvieron en la Quinta de Olivos el presidente Alberto Fernández con líderes sindicales y empresarios, la preocupación por el freno de la actividad no haya tenido un rol protagónico.

La convocatoria a Olivos fue para que el Gobierno consiguiera el apoyo político de los empresarios y los representantes de los trabajadores a la renegociación de la deuda. La foto que circuló en los medios y que fue criticada por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, por la falta de mujeres en dicha reunión, también desorientó a varios empresarios que no podían entender la falta de un posicionamiento más activo de sus representantes ante la situación crítica que viven muchas compañías.

En el mundo empresario hay dos cuestiones que se piden por lo bajo. Por un lado, que no se levante la feria judicial, y por otro, que las empresas puedan volver a producir contando con los protocolos necesarios que exigen estos tiempos. En primer lugar, hoy la feria judicial es una suerte de dique que está frenando las demandas que llegarán a los fueros comercial y laboral, los más afectados en las históricas crisis que tuvo la Argentina. En segundo lugar, a pesar de los esfuerzos fiscales que el Gobierno decidió realizar para ayudar a pagar los salarios de trabajadores privados y de otorgar créditos con tasas subsidiadas, las empresas necesitan producir. También el problema engloba a los comercios minoristas y a los cuentapropistas más allá de los millones de pesos que Alberto Fernández destinó para paliar la crisis.

Tal situación coloca en un verdadero apriete económico y social al Gobierno. Es que el éxito del funcionamiento del sistema sanitario es casi la contracara de lo que viven las empresas y comercios, que salvo las que ingresan en la categoría de esenciales, esperan ansiosos el fin de la cuarentena para tratar de recuperar algo del terreno perdido.