En la discusión sobre lo que viene empresarios y sindicalistas se cruzan por costos e indemnizaciones. Pero nadie parece reparar en que la mitad de los juicios laborales involucra a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo, un sistema que nació para dar previsibilidad y hoy está atrapado en la lógica de la industria del juicio.
En la Argentina, el debate sobre la reforma laboral gira en torno a la necesidad de bajar el costo de los trabajadores para las empresas y flexibilizar de algún modo las condiciones de contratación para posibilitar la creación de más empleo privado. Sin embargo, un dato pasa inadvertido: el 50% de los juicios laborales tiene como parte a las ART.
La Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), que representa a 18 empresas y 5 mutuales de origen sindical y empresario, advierte que la situación es crítica. Los juicios ingresados en lo que va de 2025 equivalen a casi 7 millones de salarios mínimos, una cifra que desnuda la magnitud del problema y que debería estar en el centro de cualquier discusión seria sobre el futuro del trabajo.
De todos modos, el problema mayor es que la norma existe, pero no se cumple. Y la Justicia, como parte interesada, no la hace cumplir.
Qué dice la Ley 27.348 de 2017
La Ley Complementaria sobre Riesgos del Trabajo, sancionada en febrero de 2017, dispuso en su Artículo 1°:
“Dispónese que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el artículo 51 de la Ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.”
El texto es claro: los conflictos deben pasar primero por las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, con peritos seleccionados y honorarios tabulados. Pero ocho años después, esto no se cumple. Los peritos siguen cobrando un porcentaje de la indemnización, como si fueran corredores inmobiliarios que trabajan a comisión, y el Poder Judicial se mantiene como juez y parte.
Peritos y jueces: un sistema perverso
El esquema actual incentiva la maximización de los fallos:
- Los peritos cobran de manera proporcional al monto de la indemnización.
- Cuanto más grave es el diagnóstico, mayor es su retribución.
- Los jueces avalan este mecanismo, pese a que la ley exige otra cosa.
El resultado es un círculo vicioso que alimenta la litigiosidad y pone en riesgo la sustentabilidad del sistema.
El rol de los gobernadores
Aunque el Poder Judicial es independiente, los gobernadores provinciales tienen un papel clave. Son ellos quienes pueden impulsar cambios que favorezcan la competitividad y reduzcan la litigiosidad. La reforma laboral no puede quedar atrapada en un debate abstracto en el Congreso: necesita bajar a la realidad de las provincias, donde se multiplican los juicios y donde las ART enfrentan un gran desgaste.
Empresas y sindicatos: miradas opuestas
Para las empresas, las ART son un escudo financiero que las protege de absorber directamente los costos de accidentes y enfermedades laborales. Sin ellas, el costo laboral se dispararía, afectando la inversión y la creación de trabajo.
El caso de Galeno ART es ilustrativo: la Superintendencia de Seguros de la Nación inhibió sus bienes en noviembre de 2025 por un déficit de capitales de más de $13.000 millones. La compañía, que cubre a más de un millón de trabajadores, tiene un plazo para presentar un plan de saneamiento. Si no lo logra, podría ser liquidada. No se trata de una salida definitiva, pero sí de una señal de alarma: incluso las grandes aseguradoras están al borde de quedar fuera del sistema.
Los sindicatos, en cambio, ven en las reformas un mal antecedente. Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, ya advirtió que las modificaciones planteadas por el Gobierno son negativas para los trabajadores. La mirada sindical parece ajena a lo que sucede en las empresas: trabajadores con sueldos cobrados a destiempo y fraccionados, empleadores que no se animan a agrandar la nómina por imposibilidad de hacer frene al costo laboral y el temor al juicio. Parte de ese costo lo absorben las ART, pero si ellas desaparecen, la carga recaerá directamente sobre las industrias.
La mirada del Poder Ejecutivo
El Gobierno, tras el recambio legislativo, busca avanzar con una reforma laboral que avance en modificaciones del mercado acorde a estos tiempos. En sus discursos, el Poder Ejecutivo insiste en que la Argentina necesita reducir la litigiosidad y modernizar el mercado de trabajo. Sin embargo, en la práctica, la agenda oficial ha mostrado una ambigüedad peligrosa: se habla de competitividad y de atraer inversiones, y al mismo tiempo se evita confrontar de lleno con el Poder Judicial, que desde hace ocho años incumple la ley.
El Ejecutivo acompaña en parte la mirada de las ART pero no se involucra, de todos modos si no se rediscute el sistema cualquier reforma laboral quedará incompleta. Se deja de lado un problema que representa la mitad de los juicios laborales del país. Esa omisión es crítica: no se puede hablar de bajar el costo laboral mientras se ignora el agujero negro de las ART.
La situación actual muestra un sistema roto. La litigiosidad indiscriminada, la falta de aplicación de la ley, la resistencia sindical y la pasividad judicial han creado un escenario insostenible. Cuando todo está roto, no queda otra que empezar a reconstruir desde cero.
Pero reconstruir exige un acuerdo básico: que cada actor deje de llevar agua para su molino. Si sindicatos, empresas, jueces, gobernadores y el propio Poder Ejecutivo siguen defendiendo solo sus intereses particulares, será imposible recomponer un mercado laboral que pierde puestos de trabajo por goteo.
Las ART son las grandes olvidadas del debate. Sin ellas, el sistema se derrumba. Reconocer su papel, ordenar la justicia y garantizar reglas claras es el primer paso para salir de la trampa de la industria del juicio y construir un mercado laboral más competitivo, más justo y menos litigioso.
