No creo en la tecnología por la tecnología en sí. Me interesa cuando evita que una persona pierda una mañana para resolver un trámite, cuando permite responder una consulta al primer intento o cuando ayuda a que un equipo público tome una mejor decisión. Ahí la innovación deja de ser una palabra y empieza a devolver algo concreto: tiempo.
Durante años, las personas adaptaron su vida a servicios cada vez más simples e inmediatos, pero todavía aceptamos que relacionarse con el Estado implique repetir información, esperar respuestas por tiempo indeterminado o no saber quién se hace cargo. La inteligencia artificial no resuelve eso por arte de magia. Sí nos da una oportunidad extraordinaria para rediseñar procesos y construir un Estado que entienda mejor, responda antes y haga perder menos tiempo.
Ignorar esa oportunidad sería irresponsable. Usarla sin reglas, también. Por eso en la Ciudad elegimos un camino más exigente: avanzar ahora y hacernos cargo de cómo se usa, para qué se usa y quién responde por sus resultados.
La decisión: avanzar y hacernos cargo
Con la firma del decreto 97/26, Jorge Macri convirtió la inteligencia artificial en una decisión de gestión: las áreas y organismos del Gobierno deben potenciar y asegurar su implementación para mejorar la calidad de los servicios, la eficiencia y la productividad. Y fijó prioridades muy concretas: habilitaciones de actividades económicas, permisos y avisos de obra, infracciones y canales de atención ciudadana. Elegimos empezar donde la fricción se siente todos los días.
El Plan Estratégico, aprobado por la resolución 58/SECITD/26, le dio dirección a ese mandato. Organiza el trabajo en cuatro pilares: Gobernanza; Investigación y Desarrollo (I+D); Producción y desarrollo de IA; e Innovación Productiva y ecosistema de IA.
Esto no es una colección de proyectos aislados: es una política común para todo el Gobierno.
La resolución 98/SECITD/26 completó el esquema con reglas operativas para todo el ciclo de vida de una solución: desde la idea, el desarrollo o la contratación hasta la prueba, la puesta en funcionamiento, el control y, si fuera necesario, su corrección o discontinuación. También creó un inventario interno para saber qué sistemas y agentes de inteligencia artificial existen, con qué finalidad y bajo qué responsabilidad.
En simple: el decreto establece la obligación de avanzar; el Plan marca el rumbo; y los lineamientos dicen cómo hacerlo de manera responsable.
Esa secuencia —decisión, plan, reglas, implementación y medición— expresa una forma de gestionar que nos identifica en el PRO: la transformación real no se improvisa. Se construye con orden, método y responsabilidad. Orden no es rigidez; es saber qué problema queremos resolver, quién decide, qué límites rigen y cómo vamos a medir el resultado. Método no es burocracia; es lo que permite que una buena solución deje de ser una prueba aislada y pueda sostenerse y crecer. Y responsabilidad no es prudencia que paraliza; es avanzar y responder por las consecuencias.
Esta estrategia ya tiene una demostración concreta: BAX, la inteligencia artificial de la Ciudad. BAX no es una aplicación aislada ni un proyecto tecnológico más. Es la materialización del Plan Estratégico, especialmente de su decisión de transformar el vínculo entre el Estado y las personas. Reúne servicios e información en un solo lugar y permite relacionarse con la Ciudad desde el teléfono y con palabras de todos los días. Es la prueba de que una visión común, reglas claras y equipos coordinados pueden convertirse en una experiencia real para el vecino.
Qué cambia para una persona
Las reglas tienen consecuencias concretas. Si una persona interactúa con inteligencia artificial, debe saberlo. Si un sistema interviene en un asunto que puede afectar derechos, el acceso a un servicio esencial o una decisión administrativa, la resolución final no puede quedar sola en manos de una máquina: tiene que existir una intervención humana previa, expresa y documentada.
También establecimos que ningún contenido generado por inteligencia artificial se considera verdadero solo porque lo produjo un sistema. Antes de usarse oficialmente debe ser revisado. Los datos sensibles y la información confidencial no pueden cargarse en plataformas abiertas o no autorizadas. Cada proyecto debe explicar qué problema resuelve, qué datos utiliza, qué riesgos tiene, cómo se lo supervisa y con qué métricas se evaluará si realmente funciona.
La regulación hace además una distinción que considero central: no es lo mismo una inteligencia artificial que responde, que un agente de inteligencia artificial que puede actuar. Un asistente puede ofrecer una respuesta; un agente puede consultar sistemas, encadenar tareas y ejecutar acciones. A mayor capacidad, mayor responsabilidad. Por eso los agentes deben tener permisos acotados, acciones autorizadas, registro de lo que hacen, supervisión proporcional al riesgo y un mecanismo para interrumpirlos si se desvían. No es un detalle técnico: es una garantía para las personas y para el propio Estado.
De las reglas a los resultados
BAX demuestra lo que ya es posible. El Hub de Inteligencia Artificial, impulsado por el jefe de Gabinete Gabriel Sánchez Zinny, permite llevar ese mismo método al resto del Gobierno. Reúne a las áreas con mayor contacto cotidiano con los vecinos —AGIP, AGC, Infracciones, Educación, Desarrollo Urbano y los canales de atención de la Ciudad— para identificar los procesos con mayor fricción, ordenar el trabajo entre áreas y convertir la inteligencia artificial en soluciones que puedan medirse y crecer.
El objetivo es muy concreto: trámites más cortos, consultas resueltas al primer intento y un Estado que no obligue a insistir para obtener una respuesta.
Como ingeniero, sé que ningún sistema es infalible. Como funcionario público, también sé que el miedo a equivocarse no puede convertirse en una excusa para no transformar. Un Estado maduro no entrega sus decisiones a una máquina, pero tampoco renuncia a herramientas que pueden ayudarlo a servir mejor. Define objetivos, pone límites, mide, corrige y responde.
La medida del éxito no será cuántos modelos usemos, sino cuánto tiempo devolvamos, cuántos problemas resolvamos al primer intento y cuánta confianza seamos capaces de construir.
Buenos Aires ya tiene un mandato, un plan, reglas comunes, un espacio de ejecución y herramientas en funcionamiento. No es un trabajo terminado, pero sí una transformación en marcha. Nuestra posición es clara: inteligencia artificial al servicio del criterio humano y un Estado al servicio de las personas. Si la tecnología no hace más simple la vida cotidiana, entonces no es transformación.