A menos de un año de su debut y de la devaluación de enero pasado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) irrumpe en la nueva gestión del director del INDEC, Norberto Itzkovich, tal vez con un nuevo intento por achicar la brecha entre la medición estadística y la de los bolsillos de los argentinos. Sin embargo, las recientes declaraciones del funcionario (quien consideró, esta semana, inadmisible" que se quiera instalar "la idea de que la variación de precios de productos de primera marca relevados en barrios top es la inflación que aqueja al conjunto de los argentinos") parecieran recordar que su despegue dentro del INDEC surgió de la mano de la intervención política del ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. (Es cierto, por lo menos no cuestionó que otras consultoras hagan sus mediciones ni aplicó multas). De todos modos, detrás de esta primera brecha, entre la inflación real y la inflación kirchnerista subsisten otras que condicionarán la transición gubernamental.

Aunque no lo reconocerán en público; los economistas del Gobierno y la mayoría de los sectores empresarios coinciden en que hay recesión y pérdida de empleo como mínimo hasta marzo de 2015. La construcción, el comercio, las automotrices y la alimentación no paran de caer. Sólo a modo de ejemplo; la venta de inmuebles porteños ya acumula 18 meses de derrumbe según datos oficiales y la Unión Industrial, que preside Héctor Méndez, anticipó que este año será negativo para la producción y que el 2015 se debate entre una leve suba de uno por ciento (el mejor escenario) y un derrumbe de 2,5% anual. En Copal, la entidad que nuclea a 34 cámaras con más de 2.000 alimenticias, ubican a septiembre como un mes de inflexión: las exportaciones cayeron 24% pero también las ventas internas (17% en productos premium y 2% en los alimentos más básicos). Además, de acuerdo con información de esta entidad, que preside Daniel Funes de Rioja, entre enero y julio de este año la producción cayó 1,5%, un porcentaje similar al que se registró en la crisis internacional de 2009. Este dato se replica en varios otros sectores fabriles que son testigos de que esta caída está ocasionada exclusivamente por factores domésticos.

De algún modo, el freno económico traerá alivio al Gobierno porque desaceleraría la inflación; es decir, la tasa anual (privada) sería menor a la pronosticada hace sólo dos meses. Sin embargo, también agudizará los desequilibrios de todo tipo. La consultora Elypsis auguró que "a un año corrido el IPCE registra un aumento de precios acumulado de 40%"; también advirtió que "la inflación debería mantenerse estable en los próximos meses", aunque a una tasa de 2% mensual. Sin duda, muy lejos de las mediciones Itzcovich/Indec.

Como con la suba de precios, el Gobierno prefiere esconder el aumento de la pobreza; de hecho, el INDEC dejó de medirla. Otros, no. El último informe de ISEPCI (Instituto de investigación social, económica y política ciudadana) reveló que en el segundo trimestre de este año uno de cada 3 bonaerenses es pobre (3,5 millones de personas) y otros casi 900.000 no pueden comer todos los días. Con todo, ésta es cuarta provincia en el ranking de aumento de la pobreza; ya que siempre según esta medición la primera es Chaco (38,8%); la segunda, Tucumán y Salta (33,6%) y la tercera, Corrientes (30,9%). Según las conclusiones de este informe, los aumentos en asignaciones sociales y/ o jubilaciones "no alcanzan para equilibrar al demoledora continuidad del proceso inflacionario".

La brechas sociales que el Gobierno prefiere no medir supondrían más aumento en el gasto público (sin debate previo ni control posterior) y mayor presión tributaria al sector privado. Datos de Copal aseguran que en los últimos 10 años, la presión tributaria Nacional y provincial pasó del 22% al 41,4%. Algunos de estos temas y sus implicancias hacia 2030 serán debatidos en el encuentro anual de IDEA Joven, que se hará el próximo miércoles.

El último informe del Banco Ciudad, a cargo de Rogelio Frigerio, advirtió sobre el deterioro de las variables fiscales. "La recaudación tributaria creció en octubre un 40,8% anual, por encima de su alza de septiembre (35,3%) aunque manteniendo una brecha importante con el aumento del gasto, hoy cercano al 50%", consideró el documento. El sector privado suma quejas por la aparición de recientes tasas municipales pero también por las brechas que surgen entre los acuerdos que firma el Gobierno y la letra chica que se desconoce. Por ejemplo la sanción de la ley de Hidrocarburos que no logró despejar dudas sobre concesiones como la de Cerro Dragón, en manos de la Justicia. Este contrato firmado por la provincia de Chubut está en la mira judicial y algunos legisladores como el senador radical Mario Cimadevilla denunciaron que "se le ofrece a empresas privadas la libre disponibilidad del crudo de manera casi permanente en lugar de hacer una concesión legítima y legal".