Hace más de 20 años que las familias argentinas no enfrentaban tantas dificultades para pagar sus deudas. Ni la crisis internacional de 2008, ni la crisis económica del final del macrismo, ni siquiera la pandemia provocaron un problema similar para la estabilidad financiera de los hogares como la que se vive hoy como consecuencia de las políticas del Gobierno Nacional.

La morosidad de las personas trepó al 7,8%, triplicando el dato del mismo mes del año pasado. Esto quiere decir que la cifra no sólo preocupa por su magnitud, sino también por la velocidad en la que el deterioro avanza, superando todos los indicadores vistos en las últimas dos décadas y moviéndose, aunque todavía lejos, hacia los valores del estallido económico y social de 2001.

A contramano del discurso del Gobierno nacional, lo peor no sólo no pasó, sino que parece estar por venir. El sistema financiero viene mostrando señales de alerta hace meses. Señales que se potenciaron con el recién salido informe sobre bancos del Banco Central con datos a octubre de 2025. La morosidad de los créditos al sector privado alcanzó el 4,5%, 0,4 puntos porcentuales más que el mes anterior. Se trata del índice de morosidad más alto de América latina. En el caso de las empresas, la irregularidad llegó al 1,9% duplicando los datos de febrero 2025. Si bien son porcentajes más bajos que en los hogares, mantienen la misma tendencia negativa.

No sólo preocupa por su magnitud, sino también por la velocidad en la que el deterioro avanza, superando todos los indicadores vistos en las últimas dos décadas y moviéndose.

Esta situación se explica principalmente por una combinación entre el aumento del costo de vida, la pérdida y deterioro del empleo, la caída de los ingresos y del consumo. Para responder a sus necesidades económicas, las personas cada vez tienen más trabajos, más precarios y peor remunerados. Particularmente, en la Provincia de Buenos Aires, dadas las características de su estructura económica y productiva y el peso específico de la industria y el comercio, el impacto de esta realidad es aún más profundo.

En el caso de las y los jóvenes de entre 18 y 21 años, vemos que en el último año la mora subió más de 14 puntos porcentuales, llegando a 38,4%. Es decir, muchos jóvenes ingresan al registro de deudores morosos antes de obtener su primer empleo. Así se consolida un círculo vicioso donde los problemas financieros condicionan las posibilidades laborales y se erosionan las oportunidades de desarrollo a mediano plazo.

Otra arista de esta situación la protagonizan algunas entidades no bancarias que no están alcanzadas por las normas de protección a los usuarios de servicios financieros. Si bien facilitan y agilizan el acceso al financiamiento, ofrecen créditos con altas tasas de interés, plazos muy cortos y sin adecuada información a los clientes. Las condiciones en las que prestan resultan insostenibles y el resultado afecta a las familias y contribuye a la inestabilidad del sistema financiero general.

Estas mismas entidades pretenden ahora realizar el débito de sus créditos de manera automática en las cuentas bancarias de los deudores para poder garantizarse el cobro. Esto volvería aún más complejo el panorama, teniendo en cuenta que el universo de esos actores fintech presenta niveles de mora muy superiores al resto del sistema financiero.

Las condiciones en las que prestan resultan insostenibles y el resultado afecta a las familias y contribuye a la inestabilidad del sistema financiero general.

Ante esta situación, la respuesta no puede ser restringir el crédito, porque eso solo profundizaría la crisis actual. Es necesario transformarlo y diseñar productos responsables, con tasas accesibles, además de establecer plazos acordes a la realidad de los hogares. Y esto debe estar acompañado de una política articulada, a nivel nacional, de educación financiera y protección de derechos de usuarios que les permita a las personas tomar decisiones de manera informada y transparente.

Desde el Banco Provincia y Provincia Microcréditos, con el compromiso de la banca pública del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, implementamos planes de refinanciación que permiten aliviar la presión, bajando las tasas de interés y prorrogando los plazos de quienes tienen problemas para hacer frente a sus obligaciones. También desarrollamos programas de inclusión y educación financiera tanto presenciales como virtuales a lo largo y ancho de todo el territorio bonaerense.

Pero iniciativas como estas no son soluciones mágicas, ni pueden revertir por si solas políticas que destruyen miles de puestos de trabajo, golpean a la producción y deterioran el consumo interno. Solo con una estrategia conjunta entre el Estado y el sector financiero podemos recuperar la estabilidad, el crecimiento, y avanzar hacia un desarrollo con inclusión social.

En este camino, como primera medida urgente, resulta necesario que las autoridades nacionales igualen las condiciones y exigencias de los bancos y las entidades no bancarias, fintech o proveedoras de servicios de pago, en materia de información, transparencia y protección de derechos de los usuarios de servicios financieros. Esto asegurará que millones de personas puedan tomar decisiones mejor informadas a la hora de endeudarse.