La sociedad argentina se encuentra en las etapas finales de un proceso iniciado hace más de cien años: la transición demográfica. Desde principios del siglo pasado, tanto la fecundidad como la mortalidad han ido descendiendo. Hacia 1900, cada mujer argentina tenía, en promedio, siete hijos; hoy esa cifra apenas alcanza el 20% de aquel valor: es decir, alrededor de 1,4 hijos por mujer.
En aquella época, uno de cada tres niños nacidos en 1900 fallecía antes de los cinco años y la esperanza de vida apenas superaba los 30 años. Actualmente, el 99% de los niños sobreviven más allá de los cinco años, y la esperanza de vida supera los 77 años. Estas mejoras espectaculares reflejan mejores condiciones de vida, mayor acceso a la educación, mejores servicios, más equidad y oportunidades.
Al mismo tiempo, estos cambios nos llevan, como sociedad, a envejecer. La razón es sencilla: si más personas viven hasta los 70, 80 o 90 años y, además, nacen menos niños, el promedio de edad de la población aumenta. No hay motivo para alarmarse ni confundirse: esto es una excelente noticia (¡somos más mayores porque vivimos más tiempo y tenemos los hijos que deseamos!), pero también implica desafíos importantes que no debemos ignorar.
Por ejemplo, el sistema de salud enfrenta mayores desafíos. La reducción de la mortalidad se debe a que las enfermedades que nos mataban hace cien años —como la tuberculosis, las diarreas, el sarampión y otras infecciosas— han sido controladas y hoy su incidencia es muy baja. Sin embargo, ahora enfermamos y fallecemos por causas más complejas, como las enfermedades degenerativas, que son más largas y difíciles de tratar.
En otras palabras, con las vacunas, una mejor nutrición, el agua potable, los antibióticos y otros avances hemos encontrado la cura (aunque no siempre la aplicamos correctamente) para las enfermedades “fáciles” y lo que nos queda es más costoso y complicado de gestionar. Como resultado, el gasto en salud aumenta de forma continua y, probablemente, seguirá haciéndolo.
Otro desafío relevante es el sistema previsional. La idea de las jubilaciones es sencilla: entendiendo que al envejecer perdemos capacidades, decidimos que, a partir de cierta edad, otorgaremos a las personas un ingreso mensual que reemplace los salarios que ya no pueden percibir. El problema surge en la implementación: en lugar de contar con un esquema nacional, con reglas simples y cobertura universal y un modelo de financiación ordenado, existen más de 200 regímenes distintos, que cubren a poco más de una cuarta parte de la población, mientras que al otro 75% se le garantiza solo un monto mínimo a partir de los 65 años.
Entre estos regímenes están los más conocidos, como el de ANSES, que permite jubilarse a los 60 años (las mujeres) y 65 (los varones); pero también existen regímenes diferenciales, especiales, provinciales, militares, de fuerzas de seguridad, no contributivos o de cajas profesionales, con condiciones muy diversas (y siempre más generosas que la regla general).
El resultado de este desorden es un sistema caro, inequitativo e ineficiente. Gastamos mucho, pero de manera inadecuada. Cerca de 2,8 millones de personas menores de 60 o 65 años reciben una jubilación o pensión. Más de un millón recibe dos o más beneficios. Esto siempre es un problema, pero en una población que envejece resulta aún peor. Actualmente, el gasto en jubilaciones y pensiones ronda el 10% del PIB. Si no se produce ningún cambio, salvo el demográfico, en 30 años ese gasto será el doble.
El problema es serio, pero, afortunadamente, tiene solución. Ordenar nuestro sistema previsional no es complicado técnicamente, pero requiere decisiones políticas firmes, difíciles de alcanzar sin amplios consensos. La lógica de una reforma razonable es simple: eliminar la mayoría —o todas— las excepciones, integrar los esquemas contributivos y no contributivos bajo reglas e incentivos claros y comprometernos a no iniciar un nuevo ciclo de excepciones en el futuro.
Por supuesto, estas reformas son para el futuro: quienes ya se jubilaron lo hicieron conforme a la ley vigente y tienen derechos adquiridos. La buena noticia es que el sistema actual desperdicia tantos recursos que, si se ordena, es posible lograr que la gran mayoría de los futuros jubilados mejoren sus ingresos y, a la vez, reducir el gasto.
El envejecimiento plantea desafíos fiscales importantes, pero también oportunidades. Por primera vez en la historia, el número de niños que ingresan en las escuelas disminuye año tras año. Esto permite que las autoridades educativas, en lugar de concentrarse en contratar más docentes y construir más escuelas, puedan focalizar sus esfuerzos en mejorar la calidad educativa.
Esto es fundamental, no solo porque acceder a una educación de calidad es un derecho básico, sino porque esos niños y jóvenes serán los trabajadores del futuro, cuando haya relativamente menos población en edad laboral y necesitemos que sean mucho más productivos. Sabemos desde hace décadas que la calidad de la educación determina la productividad futura y hoy tenemos una oportunidad única para actuar en consecuencia.
Las sociedades, como las personas, necesitan hacerse ricas antes de hacerse viejas, porque después es demasiado tarde. El cambio demográfico está en marcha y no solo es positivo, sino también inevitable. El desafío para nuestra sociedad y sus dirigentes es aprovechar las oportunidades y adaptarse a estos cambios. ¿Estaremos a la altura?
