Los ingresos tributarios correspondientes a febrero están a la altura de la realidad, pero no de las necesidades fiscales del Gobierno. Que la variación anual sea menor a la inflación, es un dato inevitable cuando en el medio hubo dos devaluaciones significativas como las que ocurrieron tras las PASO y las elecciones presidenciales.

Lo preocupante es que los impuestos vinculados a la actividad están exhibiendo un desempeño flojo, reflejo de que todavía no hay un repunte de la actividad económica. Este cuadro explica en parte que la Ley de Solidaridad Social haya introducido un paquete impositivo tan fuerte destinado a reforzar los ingresos, ya que de lo contrario el Ejecutivo no hubiera tenido margen de incrementar las prestaciones sociales sin recurrir por completo a la emisión monetaria.

Los mercados aceptaron esa suba de impuestos como una señal positiva de cara al proceso de reestructuración de la deuda. Y gracias a ello el mercado financiero local tuvo varias semanas de oxígeno, hasta que el fallido intento de canje bonaerense reinstaló la incertidumbre. Pero no fue solo eso: como se percibe hoy, con financiamiento limitado, el agujero fiscal hubiera sido mucho mayor.

El segmento de la población con capacidad de viajar y gastar con tarjeta en el exterior dejó en la AFIP algo más de $ 7500 millones con el impuesto PAIS, más del doble que lo recaudado en enero. Traduce un nivel de consumo en dólares mucho más moderado que en el pasado, pero si ese sendero no se altera por el efecto coronavirus (que con su expansión está afectando al turismo a nivel global), los analistas todavía esperan que aporte entre 0,7% y 0,9% del PBI. Algo similar sucedió con Bienes Personales, gravamen que exhibió una variación nominal en febrero de 337% después de que fuera modificado una vez más en la ley que dispuso la emergencia económica y social.

Con las retenciones pasó algo similar: el ajuste fue el que se introdujo a fin de año, cuando el Gobierno actualizó las alícuotas y abrió la puerta a aumentos como el que aplicará a la soja, llevando el arancel de 30% a 33%. La recaudación que generará la medida que ayer le fue ratificada a la Mesa de Enlace, son u$s 400 millones. Desde Agricultura aseguran que en este caso el objetivo no es fiscalista sino redistribuidor, ya que esos recursos sostendrán la baja de retenciones a las economías regionales.

En conclusión, lo que necesita el Gobierno es reestablecer el círculo que permita acelerar la recuperación de la economía. Ese circuito empieza por contener más la inflación con todas las herramientas a mano (febrero ayudará), para que se recupere el poder adquisitivo, estimule el consumo y refuerce los ingresos. De lo contrario el déficit fiscal se volverá una nota preocupante en la renegociación de la deuda.