Cuando hablamos de Derechos Humanos, su connotación resuena en muchos ámbitos de nuestras vidas. Desde el punto de vista institucional, dichos derechos tienen un alto impacto, especialmente cuando los Estados los violan. En ese sentido, la Argentina dio cuenta de un gran debate a propósito de la violación de los Derechos Humanos, particularmente durante la última dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, el impacto de estos derechos (y su respeto) se diluye en su percepción en el ámbito de las relaciones al interior la sociedad civil y, más aún, en el vínculo entre personas y empresas.

El rol de las corporaciones en el despliegue de los DDHH no es un dato menor. Tanto sea por su peso en las relaciones económicas, políticas e incluso sociales, las empresas tienen para sí un campo de acción que define y redefine dichas relaciones.

Las empresas ocupan un rol central en la definición de los DDHH y su respeto. Sin embargo, asociar dichos derechos al mundo de los negocios resulta difícil.

El gran marco en el cual se da este debate incipiente se comenzó a forjar con los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos, elaborado por el profesor John Ruggie y adoptados en 2011 por Naciones Unidas como directrices de trabajo en la materia. Para la directora Nacional de Cultura Cívica en Derechos Humanos, Romina Sarmiento, esos principios todavía no son vinculantes para las empresas, por lo que su cumplimiento queda aún en la esfera de la buena voluntad de las propias firmas.

Una de las claves fundamentales para el cumplimiento de los DDHH en la actividad empresaria pasa fundamentalmente por el rol protagónico del Estado en el control de su acatamiento. En ese sentido, La Argentina lanzó a finales del año 2017 el Plan Nacional de Derechos Humanos, entre cuyos objetivos figura "impulsar políticas públicas destinadas a proteger, respetar y remediar según los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos". Se trata, ni más ni menos, de una resignificación de su alcance.

Pero más allá de la voluntad política, hay una suerte de barrera generada por la propia idiosincrasia empresarial. Así lo reconoce Claudio Avruj desde la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno de Cambiemos, al tiempo que señala la importancia de generar "una cultura distinta" en el respeto de dichos principios.

Pese a todo lo que queda por avanzar en el respeto a los Derechos Humanos en la actividad empresarial, el camino ya está trazado y se lo está recorriendo. Para Avruj, la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) fue un paso fundamental en el comienzo de la visibilización de esta problemática, aunque sea insuficiente.

En este camino andado, el funcionario del gobierno de Mauricio Macri destaca una mayor sensibilización en la cuestión entre los cuadros gerenciales. Una mirada que es coincidente en el sector privado, desde donde la capacitación de los hombres y mujeres del sector corporativo en una agenda amplia de derechos a cumplir por parte de las empresas, más allá de su búsqueda de lucro, constituye uno de los principales reaseguros para sostener un cabal respeto de su entorno social y ambiental.