Crédito del FMI: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas

Se reavivó el debate sobre cuál ha sido el destino de los recursos originados en el endeudamiento con el FMI. Aquí un repaso sobre las condiciones en que se generó el acuerdo.

Desde diciembre de 2015, el gobierno de Mauricio Macri desplegó un modelo económico que combinó el gradualismo fiscal con una política monetaria muy restrictiva en el marco de una brutal liberalización financiera. Este modelo, lejos de resolver los problemas existentes, los agravó y además creó otros de difícil solución que se pensaban superados, como es el del endeudamiento externo insostenible.

Estas políticas macroeconómicas volvieron a la Argentina extremadamente vulnerable a los shocks externos. Por ello, cuando a comienzos de 2018 la Reserva Federal decidió subir la tasa de interés y el contexto internacional se volvió menos favorable para los países emergentes, se generaron fuertes dudas entre los inversores sobre la sostenibilidad de la economía argentina que gatilló un intenso episodio de huida de capitales. La historia es conocida. Argentina perdió el acceso al mercado de crédito externo y el gobierno de Juntos por el Cambio decidió recurrir apresuradamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para enfrentar la crisis.

A pesar de los ingentes esfuerzos narrativos y gestuales que la administración de Macri realizó para instalar la idea de que el FMI había cambiado, muchos economistas críticos compartían la preocupación sobre cuál sería el destino de los fondos del Acuerdo bajo un programa macroeconómico que no se modificaba en esencia. En numerosas oportunidades, como sucedió durante las crisis que azotaron a los países emergentes en la segunda mitad de los 90s, Argentina en el 2001 y más recientemente en Grecia, la intervención del FMI había servido lisa y llanamente para facilitar la salida de los acreedores privados extranjeros y financiar a un precio conveniente la formación de activos externos por parte de los residentes.

En la vereda opuesta, aquellos que celebraron la firma del Acuerdo, sostenían que el mismo restablecería la confianza de los inversores privados y que Argentina prontamente regresaría a financiarse en los mercados internacionales. En efecto, vale recordar que inicialmente las autoridades económicas presentaron la asistencia del FMI como una línea de crédito de carácter precautorio.

El Acuerdo Stand By que firmó Argentina, el más grande de la historia del FMI, terminó siendo un rotundo fracaso: en poco más de un año, a pesar de que nuestro país cumplió con las premisas del programa en cada una de las revisiones, el peso perdió más de la mitad de su valor respecto al dólar, la inflación se aceleró al 50%, la recesión se profundizó y el ratio deuda pública a PIB superó a fines de 2019 el 90%, lo que incluso obligó al propio staff del organismo internacional en su comunicado de febrero de 2020 a reconocer que la deuda de la República Argentina era insostenible.

Por estos días, se ha reavivado el debate sobre cuál ha sido el destino de los recursos originados en el endeudamiento con el FMI.

Varios economistas de la gestión anterior repitieron lo que ya habían expresado a fines de 2019 frente a los fuertes cuestionamientos recibidos por el Acuerdo: "Los desembolsos del crédito del FMI fueron destinados casi en su totalidad a cancelar servicios de deuda pública en moneda extranjera". Como se muestra a continuación, esta afirmación capciosa queda desacreditada cuando se la somete al análisis de los datos con rigor técnico.

Los argumentos esgrimidos intentan hacer creer erróneamente que el crédito del FMI fue utilizado en su mayor parte para realizar un mero cambio en la composición de los acreedores de la deuda pública (cancelar deuda con el sector privado con los fondos tomados del FMI), sin que ello hubiese significado un deterioro del patrimonio neto en dólares de la Administración Pública Central.

Cuando se analizan correctamente los datos, se comprueba que esto es falso y que busca ocultar el hecho de que más de la mitad del préstamo sirvió para financiar una sideral formación de activos externos del sector privado y para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio de cara a la contienda electoral.

El análisis que realizan los economistas de la administración anterior desconoce el concepto más básico de fungibilidad del dinero y que el impacto sobre la solvencia que tiene una operación de crédito público debe evaluarse a partir de su efecto en la totalidad de la hoja de balance del gobierno, considerando tanto el activo como el pasivo en dólares, es decir, la evolución del patrimonio neto.

Para poner de manifiesto la interpretación caprichosa que se pretende hacer de los datos, el análisis riguroso comienza por considerar el stock de los pasivos en moneda extranjera de la Administración Pública Central al 20 de junio de 2018 (previo al primer desembolso del FMI), los cuales ascendían a u$s 227.606 millones (Cuadro 1).

Cuadro 1. Pasivos en Moneda Extranjera de la Administración Pública Central

Si los recursos del FMI hubiesen sido requeridos por el Gobierno sólo para cambiar la composición de los acreedores, el Stock de Deuda Pública al 30 de septiembre de 2019 no debería haberse modificado (el aumento de la deuda con el FMI por u$s 44.500 millones habría sido acompañado por una reducción equivalente del endeudamiento con otros acreedores). Sin embargo, se destaca que la Deuda Pública en moneda extranjera no sólo no permaneció invariante, sino que aumentó en u$s 19.845 millones.




Por su parte, el análisis técnico correcto no sólo debe considerar lo que ocurrió con los pasivos en moneda extranjera sino también la evolución de los activos en dólares, esto es, las reservas internacionales. Siguiendo la línea argumental de los economistas de la pasada gestión, los desembolsos del FMI que no se emplearon para cancelar deuda deberían haber tenido como correlato un incremento en las reservas internacionales. Concretamente, si estas hubiesen subido en u$s 19.845 millones (lo que aumentaron los pasivos), el patrimonio neto en dólares no habría cambiado y las afirmaciones realizadas por las autoridades económicas anteriores hubiesen estado respaldadas por los datos.

Sucede, sin embargo, que las cifras las desmienten. Los activos en dólares no sólo no subieron, sino que cayeron en u$s 4.693 millones (Cuadro 2).

Cuadro 2. Activos en Moneda Extranjera de la Administración Pública Central

En consecuencia se observa que, desde la suscripción del Acuerdo con el FMI, la Administración Pública Central registró simultáneamente un aumento de los pasivos (+ u$s19.845 millones) y una reducción de sus activos (- u$s 4.693 millones) ambos en moneda extranjera, que combinados dan un deterioro del patrimonio neto en dólares de u$s 24.538 millones.

Es decir, estos números están muy alejados de las declaraciones realizadas por varios economistas de la administración pasada. Por el contrario, se puede computar que sólo u$s 19.962 millones de los u$s 44.500 millones del crédito fueron utilizados para cambiar la composición de los acreedores, es decir, apenas un 45% de los desembolsos.

El análisis poco riguroso oculta lo que es evidente: el acuerdo con el FMI tuvo como principal función financiar la fuga de capitales del sector privado, que acumuló bajo su vigencia más de u$s 40.000 millones, y permitir una intervención cambiaria que con fines electorales buscó mantener artificialmente bajo el tipo de cambio a costa de sacrificar más de u$s 11.000 millones de reservas.

En conclusión, y parafraseando al gran compositor argentino Atahualpa Yupanqui, la carga de la deuda es pública pero la riqueza fugada es privada (y está concentrada en manos de unos pocos).

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Comentarios

  • EEK

    Eduardo Elías Kleiner

    05/03/21

    El TRASLADO DE LA CAPITAL AL INTERIOR ha de hacerse bajo una política de estado, piloto hacia una convivencia democrática como existe en el Uruguay. Concursemos el proyecto técnico-legal económico que adecue la ley conforme al AVANCE DE LA DESCENTRALIZACIÓN FÍSICA
    Constituyamos un organismo de NOTABLES para la evaluación y control de gastos del proyecto , asegurando decisiones éticas, transparentes, sin favoritismo o corrupción, ya sea pública o privada. Favorezcamos la emigración interna y la inmigración externa SELECTIVAS hacia la región
    A la primera etapa de construcción del Centro Cívico y de viviendas, escuela, colegio y hospital de excelencia para el personal del proyecto y funcionarios gubernamentales que deban trasladarse, seguirán ahora sí con endeudamiento externo la construcción de vías férreas, caminos
    aeropuerto internacional, puerto de aguas profundas, parque de industrias no contaminantes a distancia prudente, generación de energía solar y eólica, constitución de flota mercante pesquera, etc..Todo en aras de mejorar la productividad interna y competitividad internacional.
    Dear J. Glitz & M. Guzamán, could you evaluate what is outlined in this tweet and propose it if you consider it viable in the near future? Could we not AT THE START "live with our own" but not partially and then resort to foreign exchange investments?

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  • EEK

    Eduardo Elías Kleiner

    05/03/21

    Gobierno y Oposición: SUPRIMAN LAS PASOS, TRASLADEN LA CAPITAL FEDERAL AL INTERIOR .y CONVOQUEN UNA CONSTITUYENTE para formar LA RABA (Región Autónoma de Buenos Aires separada de Prov. homónima) # Economistas y Periodistas: evalúen, opinen y divulguen.
    Una alternativa sería reflotar la ley Patagonia 23512 / 1987! que disponía el traslado FÍSICO de la Capital Federal a VIEDMA / CARMEN DE PATAGONES!! Funcionarios y Legisladores recurran al BM, BID y CAF y apliquen keynesianismo UNICAMENTE para ese plan de reactivación mediata
    Ahorraremos así divisas al máximo y luego de los cuatro a cinco años iniciales de preparación, alentaremos al mercado de capitales a endeudarnos ya sea en dólares, euros o yuans. META: que nuestro PBI /Capita se empareje al de Australia como fuera hasta fines de los años 60.

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