Vivir en Argentina es convivir con esa certeza de que, como suele recordar el matemático John Allen Paulos, la incertidumbre es la única certidumbre que hay, y que saber cómo vivir con esa inseguridad es lo único seguro. En este país lo único que se sabe es que no sabemos qué va a pasar mañana, y eso es ha sido una constante en los últimos años. Tal es así que a medida que nos hemos acercado al inicio del proceso electoral, la sensación es que todo lo que teníamos como relativamente cierto, ha entrado en una extraña nebulosa y hoy sólo sabemos que no sabemos qué puede pasar. Pero toda esa incertidumbre hoy sale de un lugar, y ese lugar es el incierto contexto económico que se vive por estas horas.La economía suele condicionar al proceso político, pero podríamos decir que en este caso lo condiciona más que nunca. No sólo porque la inflación es la principal preocupación ciudadana y pareciera estar fuera de control, sino también porque los fundamentals de la economía están crujiendo por los desequilibrios que se han acumulado en los últimos tiempos, y porque las señales políticas dan cuenta de que no hay ni fortaleza ni plazo político para que la coalición de gobierno pueda atender los problemas urgentes y de fondo de la economía. El punto es que semejante incertidumbre económica no permite ver nada de lo que pueda ocurrir en un poco más de tres meses cuando vayamos a votar en las PASO. Porque antes de votar necesitamos saber cómo se va a resolver semejante turbulencia que se está evidenciando en las variables económicas: dólar, reservas, precios, salarios, etc. ¿Tenemos alguna certeza? Quizá algo que queda claro es que esta disparada del dólar posiblemente se traduzca en una dinámica inexorable que será más inflación, más pérdida del poder adquisitivo, menos consumo, y menos actividad económica. Son todas malas noticias para el Frente de Todos en materia electoral, que no sólo no sabe quién será su candidato, sino que tampoco sabe si tendrá siquiera las ruedas del auto para correr esa carrera. El modo en que avance esta escena de crisis determinará los márgenes del oficialismo para tener alguna chance de hacer una elección razonable, y la posibilidad de que el ministro de Economía, la figura que hoy mayor consenso reúne dentro del oficialismo, pueda ser el candidato del espacio. Aunque si uno se guía por el contexto económico, suena absolutamente ilógico que sea al propio ministro de Economía el candidato más conveniente para este oficialismo. Pero también tenemos la certeza de que toda crisis económica es en última instancia una crisis política, y de que esta crisis política radica en la falta de fortaleza y plazo político de la coalición de gobierno. Este Gobierno no tiene ni tiempo ni poder político (ni consenso político interno) para tomar las decisiones que la crisis económica demanda tomar. Ello pone al proceso político frente a un atolladero. El Gobierno (en realidad la alianza entre Cristina Kirchner y Sergio Massa) había planificado el denominado 'Plan llegar'. Un plan para llevar el proceso económico hasta diciembre de 2023, no haciendo más esfuerzos que los previstos en el programa acordado con el FMI. Ese plan tenía el incentivo de que de lograrlo, se podría estabilizar la situación económica, y si aún tocase perder la elección, se le dejaría aún mucho trabajo por hacer al gobierno entrante (Plan dejar). Pero en el camino se le esfumaron miles de millones de dólares por la sequía y ahora no pueden llegar sin hacer algún esfuerzo, sin asumir algún costo adicional para poder llegar y es eso lo que no está teniendo consenso interno. Frente a la situación de debilidad política para enfrentar el pánico de los mercados hay dos fuentes de fortaleza política a las que podría apelar el Gobierno para capear el temporal: la primera opción, el FMI; la segunda, algún tipo de cooperación opositora para mostrar fortaleza política en las medidas por tomar. Frente a la primera opción, la coalición se resiste a asumir los costos políticos (devaluar) que le pide el FMI a cambio de poder volcar más ayuda al país. Según el FMI, corregir el atraso cambiario podría ayudar a disuadir las presiones sobre el tipo de cambio, y eventualmente poder dejar de perder reservas. Pero la negativa de Cristina Kirchner aparece como un obstáculo político interno que profundiza la situación de debilidad en la que se ve al ministro de Economía. Frente a la segunda opción, la de buscar algún tipo de cooperación de la oposición para acordar medidas y así calmar a los agentes económicos, se ve también poco viable. Hoy no hay una sola oposición con la que hablar, tampoco se puede hablar con todos a la misma vez ni solo con algunos de ellos. Hasta que no finalice el proceso electoral, será difícil encontrar predisposición de cooperación de parte de la oposición, que no sólo no tiene incentivos para cooperar, sino para pretender que el Gobierno pague todos los costos posibles ahora y no que se los deje al que viene. ¿Y acortar el proceso electoral es una solución?Adelantar el proceso electoral es una opción compleja de manipular. La oposición va a evitar lo más posible un co-gobierno, y además necesita una PASO para dirimir sus liderazgos. Por su parte, la Justicia electoral necesita plazos para implementar los comicios. Ambos factores ya determinan que deberemos tener al tres meses -de mínima- por delante para la realización de un proceso electoral que nos permita encontrar una nueva autoridad política legitimidad para que pueda conducir este proceso económico. En definitiva, en esta coyuntura tan compleja, da la sensación que la única salida que tiene el Gobierno, si quiere evitar una profundización de la crisis y tener que asumir así más costos de los que ya asumió, es la de pagar los costos políticos necesarios ahora para evitar esa profundización. El Gobierno se encuentra en esa dinámica en la que te conviene pagar altos costos para evitar costos mayores en el futuro inmediato. Veremos si está dispuesto a entender la crudeza del ahora.