El ida y vuelta de Alberto Fernández frente al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación transformó una crisis institucional en una extensión de la pelea judicial que Ciudad y Nación libraban por la quita de 2020. Lo que pasó en el medio fue una réplica, mucho más acotada, de lo vivido en julio tras la salida de Martín Guzmán. El Gobierno estuvo a punto de recaer en el síndrome Batakis, pero esta vez el temor a perder la "normalización" de los meses recientes fue un antídoto rápido y eficiente. Una escalada del dólar y una lluvia de advertencias sobre las consecuencias de no respetar el fallo alcanzaron para que la respuesta oficial mutara del "cumplimiento imposible" al pago en bonos.
El Presidente ha sido cuestionado, en repetidas ocasiones, por tomarse más tiempo del aconsejable para tomar decisiones. Esa indefinición, que tenía detrás el deseo de encontrar satisfacer a sus socios del FdT, muchas veces se volvía contraproducente. La demora no siempre es la mejor señal frente a un problema. De hecho Guzmán sostuvo, en su carta de renuncia, que varias promesas incumplidas sobre el manejo de la política energética fueron la razón de su paso al costado.
Ahora, tanto en julio como la semana pasada, Fernández pudo comprobar que las decisiones en caliente tienen un precio alto, sobre todo si fueron cocinadas en la olla hirviente de la presión política. A veces es bueno escuchar voces que ayuden a equilibrar determinados saltos al vacío, sobre todo cuando las consecuencias pueden ser irrecuperable.
Alberto necesitaba otro ministro de Economía para salir del atolladero en el que lo dejó Guzmán y llegar a 2023. La incertidumbre de la gestión Batakis encendió aún más al dólar y dejó un pico inflacionario de 7,4% que aún cuesta apagar. Ayer prefirió pagar el costo de arrepentirse que el de volver a tropezar.
El comunicado del jueves, si bien no dice textualmente que el Gobierno desconoce el fallo, lo califica de "imposible cumplimiento". Todas las señales políticas de ese día, torneadas por la influencia de un kirchnerismo enardecido, fueron negativas. Fernández, con la advertencia de Sergio Massa y su círculo íntimo (el mismo que no lo sacó de la olla el jueves) ahora inventó una salida legal más prolija, que por razones obvias no es aceptable para la Ciudad (quiere efectivo, como ordenó la Corte, no bonos), pero que al menos expresa una voluntad de pago. Los títulos que le ofrecieron a la Ciudad son los mismos que recibió Santa Fe, seis años después de un fallo similar de la Corte. El pleito seguirá, pero no al borde del precipicio.
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