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UBER: un clásico jurídico, en medio de una revolución tecnológica

Las revoluciones tecnológicas generan profundos cambios jurídicos. El derecho, cuya misión es regular la realidad, sufre cambios cuando ésta se transforma, de modo que no es irrespetuoso decir que éste ‘corre’ detrás de la tecnología, pues no podría ser de otra manera. Las ciencias jurídicas no son un ejercicio de anticipación o adivinanza. Su objetivo es regular los hechos que ya existen y requieren de contención formal para amoldarse a la sociedad en la cual se producen. A nadie se le hubiera ocurrido sancionar un Código Aeronáutico antes de la invención del aeroplano y habría sido tildado de insano el que hubiera pretendido legislar en el siglo XVIII sobre la vacunación antivariólica.

Esta regla, sin embargo, no es absoluta y el caso de UBER es un buen ejemplo de que algo tecnológicamente novedoso, puede -y debe- ser regulado por un instrumento jurídico tan clásico como el contrato particular de transporte. Es que UBER no ha inventado un nuevo medio de transporte revolucionario que carezca de una legislación adecuada, sino una aplicación móvil -similar a otras que alojamos en nuestros teléfonos - que facilita la comunicación entre personas que necesitan trasladarse y otras que están disponibles para llevarlas en su automóvil por un precio. UBER no ha inventado el transporte, ni los automóviles, ni el celular, pero ha unido todo ello creando una comunidad integrada por los potenciales pasajeros que han bajado la aplicación y por quienes se han registrado como conductores.

Aquí es donde ingresa el Derecho y sus regulaciones, pero para que sus regulaciones no sean conceptualmente erróneas, es necesario tener en claro cuál es el objeto a regular. En un país como el nuestro, acostumbrado al agobio de la intervención estatal en las actividades privadas, la tendencia instintiva es asimilar este tipo de transporte a un servicio público que no podría llevarse a cabo sin contar previamente con un permiso. Así, la visión más simplista es identificar la actividad con el servicio de taxis o remises. En este sentido se han manifestado ya las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires a través de declaraciones públicas.

Puedo entender el error conceptual en el cual incurren estas afirmaciones, pues históricamente el transporte de pasajeros, para que pueda ser rentable, ha acudido a la regulación estatal y a la exigencia de que previamente debe obtenerse una licencia. Es por tal motivo que desde hace décadas el antiguo contrato de transporte individual de pasajeros cayó en el ostracismo por razones prácticas más que jurídicas.

Debe admitirse, entonces, que el transporte de pasajeros no es ‘ontológicamente’ un servicio público, ni existe ninguna exigencia, fundada en principio constitucional alguno, que impida ejercerlo libre y particularmente, aunque se lo lleve a cabo en forma habitual y onerosa. Por el contrario, sería inconstitucional que el transporte de pasajeros sólo pudiera llevarse a cabo si se contara para ello con una habilitación estatal, pues de esta forma quedaría asimilado a una suerte de actividad prohibida, como la portación de armas de cierto calibre, o la caza de ciertas especies, que solamente pueden llevarse a cabo si se cuenta con una autorización estatal.

Si tal exigencia se impusiera respecto del transporte particular de pasajeros, similar requisito podría aplicarse también a quienes celebran una compraventa, constituyen una sociedad u otorgan un mandato. Y no caben dudas de que tal imposición sería inconstitucional por la restricción que supone a la libertad contractual y porque de tal forma las autoridades locales podrían modificar a su discreción el Código Civil y Comercial de la Nación, agregando requisitos no contemplados en él para celebrar los contratos allí previstos.

¿En qué consiste, entonces, la ‘revolución’ que produce la aplicación UBER? En lo tecnológico permite ‘conectar’ a personas que hasta ahora no tenían otro medio de hacerlo que acudiendo a servicios regulados. En lo jurídico, paradojalmente, la revolución permite que el clásico contrato de transporte particular, que virtualmente había dejado de existir, reviva y pueda volver a ser ejercido regularmente. Esta ‘reaparición’ del contrato de transporte en el mundo real coincide, además, con su renovada regulación en el Código Civil y Comercial de la Nación (artículos 1280 y ss). No se trata, entonces, de encasillar forzadamente esta actividad en una antigua y desactualizada legislación. La misma encuadra sin dificultades en un moderno código recientemente sancionado.

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