La reforma que falta: que los tres poderes cuiden el equilibrio fiscal

El fallo que emitió la Corte Suprema desnuda una carencia de las instituciones argentinas: la falta de correspondencia entre lo que resuelve un poder y el margen que tiene el otro para cumplir su mandato.

La Justicia entiende que su balanza no tiene que estar influida por lo que pueden hacer las partes. De hecho, es habitual que en tribunales inferiores se dispongan sentencias que pueden terminar con la quiebra del demandado. Los jueces se sienten responsables de resolver las cuestiones de fondo, y no el financiamiento de sus fallos. Pero en el caso de la Nación, este factor no es un detalle cualquiera. Los recursos del Estado no son infinitos, y mucho menos cuando se atraviesa una situación de fragilidad financiera, como la que vive en estos momentos la Argentina.

Las provincias que demandaron al Poder Ejecutivo ante la Corte sienten que Mauricio Macri hizo política con sus recursos. Dispuso una baja impositiva de emergencia de IVA y Ganancias para morigerar los efectos de la devaluación en los ingresos de los asalariados, que tuvo un impacto sobre la coparticipación. El máximo tribunal no anuló el beneficio, pero le dijo al Gobierno que si quiere mantenerlo, no puede afectar el reparto de fondos coparticipables.

En la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda sienten que el reclamo de los gobernadores también es político. "Aceptan el federalismo en las buenas, pero no en las malas", razonan. Según las cuentas oficiales, las provincias recibirán este año más de $ 100.000 millones extras de origen nacional. Su situación financiera no es floreciente, y por eso el Gobierno accedió a rescatar sus tenencias en letras de corto plazo, como gesto para evitar complicaciones en el pago de sueldos. Pero como dicen los funcionarios, la baja del IVA no es para los porteños, sino para todos los argentinos, incluidos los de las provincias que fueron a la Corte.

El Ejecutivo intentará sostener sus medidas, por lo menos hasta que las elecciones despejen quién tendrá que hacerse cargo de ese costo. Lo que plantean desde el Gobierno es que tendría que haber un mecanismo institucional que no ponga en riesgo la capacidad de pago del Estado. A lo largo de su gestión, Macri debió destinar más de 3 puntos del PBI a atender gastos ordenados por la Corte. El primero fue la devolución del 15% de Ganancias que recibía la ANSeS, luego vino la anulación de los aumentos de tarifas y también la adecuación de las jubilaciones al fallo Badaro (plan sustentado por la Ley de Reparación Histórica).

El Congreso está en una situación similar, ya que muchas leyes se votan sin que se disponga el origen de sus recursos. Las decisiones de los legisladores, como las de la Justicia, deben ser resueltas por el Ejecutivo, sin importar el esfuerzo que deberán hacer los que nutren con sus impuestos al Estado.

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