Lunes  08 de Junio de 2020

Fuga, desigualdad y nuevos consensos para el desarrollo post coronavirus

Fuga, desigualdad y nuevos consensos para el desarrollo post coronavirus
Imagen de FERNANDA VALLJOS

FERNANDA VALLJOS

Diputada nacional y economista

En los últimos meses han abundado las alusiones a la guerra. Alicia Bárcena, desde la CEPAL, advirtió que “esto se va a parecer mucho a una economía de guerra”, mientras el FMI afirmó que la situación que atraviesa la humanidad “parece una guerra, y en muchos sentidos lo es”. Si esto es así, ¿cómo enfrentaron los países guerras y catástrofes en el pasado? ¿cuáles instrumentos utilizaron para financiar la salida de las crisis?

España, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, con criterios que recorrían a la mayor parte de Europa, estableció una “contribución directa sobre los beneficios extraordinarios”, por encima del beneficio normal ubicado en “7 por 100 anual del capital de las sociedades o compañías, o del empleado por los particulares en sus operaciones”. Así, impulsó un gravamen con una escala progresiva que iba del 25% al 40% sobre los beneficios extraordinarios. En la Segunda Guerra, volvió a establecer “una contribución excepcional a los beneficios extraordinarios”, afirmando que el Estado tenía “la obligación inexcusable de atender con una equitativa y ponderada distribución de cargas a la gran obra de la reconstrucción española”.

En vísperas de la Primera Guerra Estados Unidos creó el primer impuesto federal sobre la renta de ese país, sosteniendo que el sistema tributario era demasiado generoso con los ricos. Durante la Guerra, el principio de capacidad de pago fue llevado hasta sus extremos. La presión social contribuyó a que ello ocurriera, cuestionando los sacrificios financieros relativamente bajos de los hombres más ricos, como Rockefeller y Ford. En ese contexto, la Ley de Ingresos de Guerra de 1917 elevó la tasa marginal superior del impuesto a la renta del 15% al 67%. La institucionalización de la progresividad del impuesto tuvo enormes implicancias para el desarrollo del Estado de Bienestar. Durante la Segunda Guerra se profundizó esta concepción. Durante la administración de Roosevelt, la tasa marginal superior se subió al 88% y, luego, a un extraordinario 94% en 1944.

Como describe Thomas Piketty, en El Capital en el Siglo XXI, circunstancias excepcionales han tenido correlato sobre la política tributaria de los países. Los politólogos Kenneth Scheve y David Stasavage (2012) mostraron cómo la detonación de las grandes guerras provocó aumentos en la progresividad del impuesto a la herencia. También Scheve y Stasavage (2010) analizaron el efecto de la Primera Guerra Mundial en la progresividad del impuesto a la renta en países de la OCDE. La historia muestra, además, que, en los países donde se operaron fuertes transformaciones progresivas en sus sistemas tributarios, una vez concluida la guerra, el estado del debate no se desvaneció, derivando en cambios ideológicos e institucionales profundos.

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Siguiendo con el paralelismo, no puede desconocerse que el orden económico vigente desde la década del 70 ha sido puesto en cuestión a partir de la crisis del coronavirus, conduciendo a la revisión de los paradigmas económicos dominantes. En este contexto se inscriben debates sustantivos como la necesidad de contar con un ingreso básico universal para toda la ciudadanía, la apelación a la soberanía monetaria de los Estados (cuando hasta hace poco la emisión como herramienta de política económica era poco menos que una herejía), o los planteos para la condonación de las deudas soberanas de algunos países. Pensar que esta gran crisis mundial constituya un punto de inflexión que dé paso a un nuevo estadio del desarrollo del sistema, con nuevos paradigmas, patrones de producción y consumo y nuevas instituciones, no parece disparatado por estos días.

Desigualdad y eficiencia económica

En cualquier caso, en nuestro país, la desigualdad, cuando la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre escaló de 16 a 21 veces entre 2015 y 2019, constituye uno de los principales problemas socio-económicos y, por lo tanto, su corrección debe ser parte de la respuesta a la pregunta de cuál es el nuevo orden que aspiramos a alumbrar después de la pandemia. No sólo por el reproche moral que supone la desigualdad, sino por la ineficiencia económica que conlleva: el aumento de la tasa de crecimiento de la desigualdad está asociada a la reducción de la tasa de crecimiento del PBI, a la caída de la Inversión Bruta Interna Fija (IBIF) en relación con el PBI y a la reducción de las exportaciones en función del PBI.

En lo que refiere a la evolución reciente de la matriz tributaria argentina, partiendo de la taxonomía propuesta por el Centro de Investigación en Economía Política y Comunicación de la Universidad Nacional de La Plata, es posible cuantificar que durante el gobierno de Cambiemos los impuestos regresivos crecieron 5,3 puntos porcentuales, los muy progresivos retrocedieron 1,4 y los progresivos, cayeron 1,3 puntos.

Tras la baja en las alícuotas de Bienes Personales, la ratio de recaudación por ese impuesto sobre la recaudación total cayó de una tasa promedio de 1,36% durante 2003-2015 a 0,74% en 2015-2019. El sesgo regresivo del periodo 2015-2019 exige que los nuevos tributos estén vinculados a impuestos altamente progresivos (Ganancias, Bienes Personales).

La comparación internacional, nos conduce a la misma conclusión. Si bien la Argentina recauda por impuestos a la riqueza más que el promedio simple de América Latina, está muy por debajo del promedio de la OCDE. Además, la serie en los últimos 30 años es creciente tanto para la región como para la OCDE, a diferencia de la Argentina. Dentro de la región, nuestro país se encuentra quinto en recaudación, por debajo de Uruguay, Brasil, Costa Rica y Colombia. Otro dato relevante es que estos países con alta presión fiscal progresiva, incluso Chile y Paraguay, a diferencia de la Argentina, han incrementado la presión fiscal en tributos a la riqueza. En países de la OCDE, como Francia, Inglaterra y Canadá, el tributo a la riqueza ronda el 4% del PBI, una cifra que más que cuadruplica el equivalente argentino. Asimismo, muchos países, como Israel, Grecia, Bélgica, Italia, Gran Bretaña, Luxemburgo, Francia, Letonia, España, incrementaron el peso del tributo en alrededor de 1 punto del PBI o más en los últimos 30 años. Los países más desarrollados se han volcado a privilegiar los impuestos progresivos como parte del consenso nacional que exige un proyecto de desarrollo para cualquier país que aspire a ello.

Circunstancias excepcionales

Las excepcionales circunstancias que nos toca atravesar promueven más razones, apoyadas en la necesidad de fortalecer la solidaridad y el esfuerzo compartido (en base a la capacidad de cada quien) para impulsar este tipo de impuestos. Mientras el conjunto de la comunidad nacional está haciendo una contribución para sostener solidariamente las medidas sanitarias y el aislamiento social, es razonable que los sectores de mayor capacidad contributiva hagan un aporte adicional, como el impuesto a las grandes fortunas que vamos a convertir en ley en los próximos días.

Por otra parte, la vinculación entre la fuga y la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri para financiarla -y que hoy pesa sobre el conjunto de los argentinos-, refuerza la percepción social sobre quiénes deben hacer un mayor aporte ante la crisis. Según el INDEC, hay activos de argentinos en el exterior por casi u$s 400.000 millones. Sólo contabilizando la formación de activos externos de residentes, la fuga alcanzó la friolera de u$s 88.300 millones entre diciembre de 2015 y noviembre de 2019. Para la contabilidad nacional, la fuga, medida como incremento de los activos en el exterior, superó los u$s 103.000 millones entre 2015 y 2019.

La acumulación de esa riqueza offshore no sólo está en la raíz de la toma de deuda externa y de la falta de dólares que sufre la economía, sino también de la insuficiencia de ingresos fiscales. Según los registros de AFIP, para 2017 (últimos disponibles), del total de la riqueza declarada por residentes, el 40% se encuentra fuera de la Argentina, mientras entre los más ricos ese porcentaje se eleva al 80%, pero al 31 de diciembre de 2017, el 70% de los activos externos contabilizados por el INDEC no habían sido reconocidos ante el fisco argentino. Si proyectamos esa relación para 2019, podemos afirmar que existen no menos de u$s 235.000 millones en el exterior que no se encuentran declarados en el país.

Resulta inevitable reconocer la asimetría entre quienes evaden sus obligaciones tributarias y quienes, sin tener altos ingresos ni patrimonios, pagan los impuestos más regresivos, como IVA o Ingresos Brutos. Por lo que no sólo es justo y necesario mejorar la progresividad del sistema tributario, mediante la imposición de la riqueza que, como señalamos en el informe “Coronavirus: ¿quién paga la crisis?”, podría complementarse con impuestos a los beneficios extraordinarios, sino que otro desafío mayúsculo, en pos de la justicia fiscal, es ampliar la base imponible: que los dueños de las riquezas que se producen con el trabajo y los recursos argentinos tributen en el país sobre el 100% de sus patrimonios.

Pero, además, y para desestimular la decisión de mantenerlos afuera, ¿qué mayor y más legítimo consenso podríamos construir los argentinos, de cara al mundo pos pandemia, que el de poner en marcha el impresionante volumen de inversiones que podrían financiarse si esa enorme masa de ahorro expatriado regresara al país para volcarse a la epopeya del desarrollo nacional?

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