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La Fiscalía General de la Nación imputó a Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol, por su presunta responsabilidad en el delito de violación de topes electorales dentro del caso relacionado con la campaña Petro Presidente de 2022, de la cual fue gerente. La diligencia se realizó el lunes 11 de mayo ante un juez de control de garantías de Bogotá.
Roa no aceptó el cargo imputado y ha defendido su inocencia desde que estallaron los escándalos relacionados con su gestión en la campaña presidencial.
La imputación contra Roa: qué investiga la Fiscalía y cuánto dinero está en juego
El ente investigador busca probar si Roa Barragán y otras personas vinculadas a la campaña ocultaron el ingreso de $1.664 millones, lo que, según la hipótesis de la Fiscalía, retomada por El Espectador, habría derivado en una presunta violación de los topes electorales permitidos por la ley. El punto central del proceso penal no es solo si hubo recursos adicionales, sino si esos ingresos fueron deliberadamente ocultados.
Esta es la segunda investigación penal que enfrenta actualmente el presidente de Ecopetrol. Además del proceso por topes electorales, Roa tiene otro expediente abierto por el presunto delito de tráfico de influencias.
El antecedente del CNE y los recursos no reportados
El caso tiene antecedentes en el ámbito administrativo. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había encontrado que a la campaña gerenciada por Roa habría ingresado más dinero del permitido por la ley, hallazgo que ahora hace parte del debate penal.
El CNE también determinó que la campaña Petro Presidente no reportó una operación de pagos a testigos electorales ni donaciones de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). El expediente administrativo también incluyó presuntas donaciones de la Unión Sindical Obrera (USO) que no habrían sido registradas en los reportes oficiales.
La audiencia que fue aplazada tres veces y cómo quedó el proceso
La diligencia de imputación fue reprogramada en varias oportunidades. La primera citación fue el 12 de marzo, pero la defensa pidió un aplazamiento para preparar la audiencia. Luego fue fijada para el 8 de abril, ocasión en que nuevamente debió postergarse por asuntos relacionados con la agenda del abogado defensor, Juan David León Quiroga.
La audiencia comenzó el 8 de mayo, cuando el fiscal Elkin Ardila Espinoza expuso ante el juez 35 de control de garantías diez hechos jurídicamente relevantes. Sin embargo, la imputación quedó incompleta porque la defensa solicitó aclaraciones sobre los montos y las fechas de los hechos investigados. En la jornada del lunes 11 de mayo, el fiscal retomó la palabra para responder esas solicitudes y la imputación quedó formalizada.
Con este paso, el proceso entra en una nueva etapa: la Fiscalía deberá sustentar su hipótesis mientras la defensa de Roa podrá controvertir los hechos y la interpretación penal del caso. La imputación, vale aclarar, no equivale a una condena.