Arrojar residuos a la vía pública puede derivar en sanciones económicas en Colombia, incluso cuando se trata de elementos pequeños como colillas, envoltorios o palillos. Un caso reciente volvió a poner el tema en agenda tras una multa aplicada en Bogotá por una conducta considerada contraria a la convivencia ciudadana. Aunque no se trata de una nueva norma, el episodio reavivó el interés por las sanciones previstas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contempla castigos para quienes afecten el espacio público con basura o residuos. La historia tomó notoriedad luego de conocerse la sanción impuesta a un conductor que arrojó un palillo desde su vehículo mientras circulaba por una zona urbana. En Colombia, el artículo 111 del Código de Policía, en su numeral 8, establece medidas correctivas para quienes arrojen basura, escombros, residuos sólidos o cualquier elemento contaminante en el espacio público. La norma no diferencia entre grandes cantidades de basura y objetos pequeños. Por eso, acciones como lanzar un papel, una botella, una colilla o incluso un palillo pueden ser sancionadas por las autoridades competentes. En el caso que se volvió viral en Bogotá, Joaquín Torres fue multado con $883.324 tras ser señalado por arrojar un palillo a la calle mientras conducía por el barrio Galán. Especialistas en derecho administrativo señalan que, si bien cada procedimiento depende de la prueba y del contexto, este tipo de antecedentes puede ser tomado como referencia en futuros controles y sanciones similares. Las sanciones económicas por este tipo de conductas corresponden a multas tipo 4, una de las categorías más altas dentro del Código de Policía. Actualmente, este tipo de infracción puede representar pagos superiores a los $800.000, dependiendo del valor actualizado de la Unidad de Valor Básico y de eventuales recargos administrativos. Entre las conductas sancionables figuran: Las autoridades locales pueden imponer comparendos inmediatos y exigir el pago de la sanción correspondiente según el procedimiento establecido por cada municipio.