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El escándalo por presuntos títulos falsos en Colombia volvió a tomar fuerza luego de que Juliana Guerrero reapareciera públicamente días después de no asistir a una audiencia judicial programada en su contra. La funcionaria ha estado en el centro de una investigación relacionada con documentos académicos emitidos por la Fundación Universitaria San José.
La controversia se intensificó cuando Guerrero fue vista participando en una reunión institucional donde se definió la nueva rectoría de la Universidad Popular del Cesar. Su presencia generó cuestionamientos debido a que su título profesional había sido previamente anulado por la institución educativa que lo había expedido.
El proceso judicial avanza mientras la Fiscalía General de la Nación busca imputarle cargos por la presunta utilización de documentos académicos irregulares. Según el expediente, la investigación gira en torno a dos diplomas que habrían sido presentados por Guerrero: uno correspondiente a un tecnólogo y otro a un título profesional en Contaduría Pública.
La reaparición de Juliana Guerrero en una elección universitaria
La aparición pública de Guerrero ocurrió el 9 de marzo durante la sesión en la que se definió la designación del nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2026-2030. La propia institución difundió un video del encuentro en el que se observa a la funcionaria participando activamente en la jornada de votación.
Durante esa reunión se confirmó la elección de Guillermo Andrés Echevarría Gil como nuevo rector. De acuerdo con la información difundida por la universidad, Guerrero intervino en la decisión como delegada del presidente de la República, sumando su voto al bloque que respaldó al candidato ganador dentro del consejo encargado de tomar la decisión.
Investigación judicial y cuestionamientos por títulos académicos
La audiencia en la que se analizaría la imputación de cargos contra Guerrero estaba prevista para el 27 de febrero en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. Sin embargo, la diligencia fue aplazada por el Juzgado 25 de Control de Garantías tras la ausencia de la funcionaria, por lo que el caso fue reprogramado para el 10 de marzo.
La Fiscalía también solicitó que se estudie la posibilidad de imponer una medida de aseguramiento domiciliaria, argumentando que la investigación habría confirmado irregularidades en la obtención del título profesional. En paralelo, el caso se ha ampliado con otras denuncias públicas relacionadas con la misma institución, entre ellas señalamientos sobre funcionarios que habrían obtenido varios títulos académicos en un mismo día dentro de la Fundación Universitaria San José, entidad que actualmente se encuentra bajo inspección y vigilancia por parte de las autoridades.