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La polémica por las contrataciones en el Gobierno volvió a intensificarse tras denuncias sobre la salida de cerca de 30 funcionarios del Dapre, una medida que ha generado alarma por sus implicaciones laborales y políticas. Los despidos, calificados como insubsistencias, se habrían ordenado desde la nueva dirección de la entidad.
El caso toma mayor relevancia por la Ley de Garantías, que entra en vigor el próximo 31 de enero y restringe los movimientos de personal en entidades públicas durante periodos preelectorales. A la vez que un informe sobre contrataciones paralelas en el Estado causó gran impacto político.
Denuncias por decenas de despidos en el Dapre
Según los señalamientos, entre los desvinculados hay empleados con estabilidad laboral reforzada, personas próximas a cumplir los requisitos de pensión y funcionarios con situaciones médicas documentadas. La decisión se adoptó de manera unilateral, lo que incrementó la inconformidad interna en una de las oficinas más sensibles de la Presidencia.
Las denuncias también señalan que las notificaciones de insubsistencia fueron comunicadas por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos más representativos figura el de Luz Dary Cruz, quien se desempeñó durante 25 años como jefa de Recursos Humanos y estaba próxima a pensionarse.
Reacomodos internos y tensión política en la Presidencia
El episodio ocurre poco después de que el presidente Gustavo Petro emitiera una circular en la que pidió “prudencia y responsabilidad” en el manejo de la nómina, justo antes del congelamiento que impone la Ley de Garantías.
Al mismo tiempo, una investigación independiente encendió las alarmas sobre el crecimiento de la contratación estatal bajo la figura de prestación de servicios en el Gobierno de Gustavo Petro. El autor del informe describe una “nómina paralela” con alto impacto fiscal.
