

El 28 de septiembre se confirmó que el juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, no participará del caso que evaluará las condiciones bajo las que operan las compañías petroleras, a raíz de demandas que las acusan de contribuir al cambio climático.
La recusación de Alito no fue justificada, pero se especula que podría deberse a que el juez posee participaciones en acciones de ConocoPhillips y Phillips 66, compañías demandadas en casos similares relacionados con el cambio climático.
Las demandas a ExxonMobil y Suncor Energy: ¿Cuál es la historia legal?
El condado y la ciudad de Boulder, en Colorado, demandaron a ExxonMobil y Suncor Energy en 2018, con el objetivo de que estas empresas respondan financieramente por parte de los costos asociados al cambio climático, una consecuencia que los demandantes atribuyen a la actividad de las compañías.
De acuerdo con los demandantes, no se busca regular las emisiones ni detener la producción de combustibles fósiles. El eje de la demanda es determinar si las empresas tienen la obligación de asumir los costos de los impactos climáticos en Colorado, ya que en este caso se reportaron efectos que representan un gasto adicional para las arcas públicas.
Las empresas, por su parte, argumentan que la ley federal las exime de responsabilidad por los daños derivados de la alteración del clima.

¿Qué daños causan las compañías petroleras en las comunidades aledañas y al ambiente?
De acuerdo con el informe de Amnistía Internacional “El costo de hacer negocios”, elaborado en 2024 sobre las comunidades cercanas al Houston Ship Channel, en Texas, se documentó la exposición a sustancias tóxicas como:
- Benceno.
- Tolueno.
- 1,3-butadieno.
- Óxido de etileno.
Estas sustancias se asocian con enfermedades como el cáncer y afecciones respiratorias. Varios residentes entrevistados por esta organización reportaron problemas como asma, dificultades respiratorias y tos crónica.
En términos ambientales, las emisiones de combustibles fósiles también contribuyen al calentamiento global. En este caso, las autoridades de Boulder vinculan el aumento de las temperaturas con mayores probabilidades de incendios, sequías, problemas de disponibilidad de agua y deterioro de la calidad del aire.

Se desmantelan regulaciones ambientales: ¿Qué limitaciones derogó la EPA?
Durante 2026, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) impulsó una serie de cambios con el objetivo de reducir regulaciones sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.
El 12 de febrero de 2026 se derogó la determinación científica y jurídica que servía como fundamento para regular las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de vehículos bajo la Ley de Aire Limpio. Como consecuencia, se eliminaron los estándares federales para automóviles, camionetas y vehículos pesados.
A su vez, los fabricantes dejaron de tener obligaciones federales futuras relacionadas con la medición, el control y el reporte de gases de efecto invernadero de vehículos y motores de carretera.
En abril, se modificaron exigencias respecto de las operaciones de petróleo y gas natural, incluidas disposiciones relacionadas con controles técnicos y emisiones de metano. La EPA argumentó que estos cambios permitirían reducir unos US$2.500 millones en costos de cumplimiento durante 15 años.
En septiembre, la EPA derogó de forma parcial los estándares de contaminación por carbono para centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y, además, propuso eliminar otras bases regulatorias utilizadas para imponer límites climáticos a esas plantas.
¿Cuál es el argumento del Gobierno para las medidas que impulsa?
La EPA anunció sus últimas medidas durante la Reunión Ministerial del G20 sobre Abundancia Energética, celebrada el 14 de septiembre en Houston, Texas. El administrador de la agencia, Lee Zeldin, argumentó que esta medida permitirá ahorrar US$310.000 millones.
“Durante más de 15 años, las administraciones de Obama y Biden emprendieron una guerra contra el carbón para destruir la energía confiable y asequible. La administración Trump llegó para proteger la energía estadounidense y garantizar que usted pueda pagar el suministro eléctrico”.
De acuerdo con la EPA, se espera que estas medidas “liberen todo el potencial de los vastos recursos energéticos de Estados Unidos, incluidos el carbón y el gas natural”.
La agencia también se refirió a las políticas energéticas impulsadas por la administración Biden como la “nueva estafa verde” y sostuvo que este cambio es necesario para restablecer la eficiencia del sector.














