Una disposición estatal en Arkansas cambió el panorama de la ley de alquileres en Estados Unidos y dejó a los inquilinos en una posición más vulnerable frente a los propietarios. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los estados, aquí no se aplica una Garantía Implícita de Habitabilidad completa, lo que modifica las reglas sobre reparaciones, daños en la vivienda y aumentos del alquiler. La normativa vigente impacta directamente en los contratos de alquiler, los derechos de los inquilinos y las obligaciones de los propietarios, generando un escenario donde el arrendatario puede quedar obligado a asumir daños en la propiedad y enfrentar incrementos del alquiler sin límites estatales específicos. En la mayoría de los estados de Estados Unidos, la Garantía Implícita de Habitabilidad obliga al propietario a mantener la vivienda en condiciones seguras y habitables durante todo el contrato. Esto incluye servicios básicos funcionales, estructura segura y condiciones adecuadas para vivir. Sin embargo, Arkansas históricamente no reconoció esta garantía como obligación automática y general. Esto significa que los inquilinos no cuentan con las mismas herramientas legales que en otros estados para exigir reparaciones obligatorias, ni pueden suspender el pago del alquiler de manera amplia cuando la vivienda presenta problemas. Además, Arkansas no impone un límite estatal general a los aumentos del alquiler, por lo que los propietarios pueden ajustar el precio al renovar el contrato, siempre que respeten los términos pactados y los plazos de notificación correspondientes. En noviembre de 2021 entró en vigor la Ley 1052 de Arkansas, que estableció por primera vez estándares mínimos obligatorios para viviendas en alquiler. Esta norma exige que, al inicio del contrato, la propiedad cuente con electricidad funcional, agua potable y sistemas esenciales operativos. Sin embargo, esta ley no creó una Garantía Implícita de Habitabilidad plena como en otros estados. Su alcance es limitado y no otorga a los inquilinos mecanismos amplios para obligar reparaciones durante toda la vigencia del contrato en las mismas condiciones que existen en otras jurisdicciones. Por eso, aunque la vivienda debe cumplir ciertos requisitos básicos al comenzar el alquiler, la protección legal posterior continúa siendo más restringida que en el resto del país.