Fuente: Archivo
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El presidente de los Estados Unidos Donald Trump continúa implementando nuevas políticas para reducir la presencia de indocumentados en el país. Ahora, podría poner en marcha la Ley de Insurrección y desplegar las tropas contra sus propios ciudadanos.
"Realmente creo que esto es una insurrección verdaderamente criminal", expresó desde la Casa Blanca sobre las protestas que se llevaron a cabo en Portland contra el proceder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Donald Trump podría desplegar las tropas estadounidenses contra los ciudadanos
La advertencia incendiaria de Trump sacudió el escenario político este martes, al sugerir que podría invocar una ley casi olvidada para desplegar fuerzas militares en territorio nacional. En medio de acusaciones cruzadas y temor entre la ciudadanía, sus palabras dispararon el debate sobre la denominada "Ley de Insurrección", un instrumento legal extraordinario con profundas implicaciones para las libertades civiles.
A lo largo de su mensaje, Trump sostuvo que si las autoridades locales no actúan para contener lo que él describe como "anarquía", entonces él "actuará por su cuenta". Aunque no nombró explícitamente la ley, expertos identificaron su referencia con el Acta de Insurrección de 1807, una ley que permitiría al presidente federal usar tropas para restaurar el orden, incluso en ciudades donde no hay solicitud formal de intervención.
Qué es la Ley de Insurrección y cuáles son sus riesgos
La Ley de Insurrección es un poder extraordinario que autoriza al Ejecutivo estadounidense a desplegar tropas, incluidas las fuerzas armadas, para contener disturbios o insurrecciones que amenacen la seguridad nacional o la autoridad federal. En escenarios extremos, facultaría al presidente a ordenar operaciones dentro de ciudades y territorios bajo control civil.
Sin embargo, su uso es controvertido. Los constitucionalistas advierten que invocar esa ley puede socavar derechos fundamentales como la libertad de reunión y expresión. Además, la línea entre restablecer el orden y ejercer un poder militar represivo es tenue: su implementación podría llevar a abusos de autoridad o a un uso excesivo de la fuerza.
Aunque se contempla en la legislación federal, la Ley de Insurrección no ha sido utilizada en décadas en todo su alcance, precisamente por el riesgo institucional y político que implicaría activar tropas sobre ciudadanos. Su invocación cubriría un territorio gris entre el mando civil y el militar, lo que genera preocupación entre defensores de los derechos humanos.
