El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó varios proyectos de ley que entran en vigor desde el 1° de julio. Entre las normativas del golden state se destacan algunas que modifican impuestos, derechos de consumidores, armas y concientización sobre el consumo de drogas.
Estas son las leyes nuevas de California desde el 1° de julio
AB 1013
La AB 1013 establece que los negocios con licencia de venta de alcohol en establecimientos públicos deban ofrecer kits de pruebas de drogasa un precio no más alto que el precio al por mayor, y concientizar masivamente con avisos y publicidad.
Los kits se podrán ofrecer en forma de tiras, pegatinas o pajitas con reactivos que detectan drogas comunes para violaciones en citas, como rohypnol (roofies) y ketamina.
Esta ley se aplica a bares y discotecas con venta de cerveza, vino y licores destilados para su consumo, que no permita la entrada a menores y que no requiere la compra de comida.
AB 28
La AB 28 crea un impuesto estatal del 11% sobre las armas de fuego y municiones que se distribuyan en el estado a partir de julio de 2024, lo que convierte a California en el único estado del país en tener dicho impuesto.
Los ingresos del impuesto, estimados en unos U$S160 millones al año por funcionarios estatales, se destinarán para ayudar a financiar programas de prevención de la violencia.
AB 12
Esta normativa le prohíbe a los propietarios exigir una garantía para un contrato de alquiler de propiedad residencial por un monto superior a la cantidad equivalente a un mes del valor de la renta.
SB 244
La ley SB 244 transforma un costo alto para los californianos. Se trata de la reparación de televisores, teléfonos celulares y otros aparatos electrónicos y electrodomésticos. La normativa exige que los fabricantes proporcionen a los consumidores y talleres de reparación las piezas, herramientas y documentación necesarias para dar servicio o reparar el dispositivo.
SB 478
La ley SB 478 transforma en ilegal a la práctica de las empresas de anunciar o enumerar un precio de un bien o servicio que no incluya todas las tarifas o cargos "obligatorios", así como también ocultar cargos inevitables del proceso de compra.
El objetivo de la normativa en cuestión es promover la transparencia de precios y proteger a los consumidores de prácticas publicitarias engañosas.
