La administración de Donald Trump confirmó la creación de una nueva fuerza de investigación en Estados Unidos que tendrá acceso a datos privados y podrá intervenir en controles vinculados a beneficios públicos. El objetivo oficial es detectar fraude en programas financiados con dinero federal. La orden ejecutiva establece un grupo especial dentro del gobierno que centralizará información de distintos organismos y coordinará auditorías más estrictas. En ese marco, también se prevé la posibilidad de controles presenciales en determinados casos, lo que abre interrogantes sobre el alcance real de estas inspecciones. La orden ejecutiva crea formalmente una Task Force para eliminar el fraude, que funcionará dentro del Poder Ejecutivo y estará integrada por múltiples agencias federales. Entre los organismos involucrados se encuentran: El grupo tendrá como función principal centralizar, cruzar y analizar datos personales de beneficiarios de programas públicos. El texto oficial habilita a las agencias a compartir información relevante para detectar irregularidades, incluyendo: Esto implica una integración de bases de datos a gran escala, con foco en detectar inconsistencias o patrones sospechosos. La medida apunta principalmente a personas vinculadas a programas de asistencia financiados por el gobierno federal. Además, también incluye a contratistas, organizaciones sin fines de lucro y funcionarios locales o estatales que participan en la administración de estos fondos. Si bien la orden no establece visitas casa por casa de forma generalizada, sí habilita mecanismos más estrictos de verificación. Esto incluye auditorías presenciales y controles en domicilio cuando existan inconsistencias, riesgos detectados o sospechas de fraude en la información declarada.